Las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación han sacado a la luz una presunta red de corrupción relacionada con el contrabando en Colombia, encabezada por Diego Marín, conocido como ‘Papá Pitufo’. En este contexto, el nombre del general retirado Rodolfo Palomino, exdirector de la Policía Nacional, aparece mencionado en al menos dos expedientes.

Un testigo en una de las investigaciones declaró que Palomino sería el propietario de varias tractomulas en las que se transportaba mercancía de contrabando. Estas tractomulas serían parte del esquema de contrabando liderado por Marín. En otro expediente, un individuo identificado como un “emisario de los soles” advirtió a un agente de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) en Cartagena sobre las relaciones entre altos oficiales, entre ellos Palomino, y la red de contrabando.

Los señalamientos al general se remontan a su periodo como director de Tránsito y Transporte entre mayo de 2009 y septiembre de 2011. Dentro de la Policía, algunas fuentes lo identificaban como el “general de las tractomulas”, apodo que él mismo niega, atribuyéndolo a una confusión con otro miembro de la institución que estaría involucrado en transporte de carga.

Palomino ha rechazado categóricamente las acusaciones, asegurando que nunca tuvo tractomulas ni trató con contrabandistas. En declaraciones a CAMBIO, afirmó: “No tengo nada que esconder, y en el caso de que yo hubiera tenido, que no tengo ni tuve tractomulas, no es un delito tenerlas”.

El exdirector de la Policía no es el único alto oficial involucrado en las investigaciones por el caso de ‘Papá Pitufo’. Otros mencionados incluyen a Tito Yesid Castellanos, exsubdirector de la Policía; Heinar Giovanny Puentes, exdirector de la Polfa, así como varios coroneles y el mayor Mario Andrés Sarmiento Rojas, exsecretario privado de la dirección de la Polfa.

Las investigaciones han revelado cómo los miembros de la cadena de corrupción dentro de la Dian, la Polfa y la Policía de Carreteras podían recibir entre 1.200 millones y 2.400 millones de pesos semanales en Cartagena, mientras que en zonas como Buenaventura, estos valores podían multiplicarse hasta 10 veces.

La trama también incluye prácticas de incautaciones coordinadas, conocidas como ‘falsos positivos’, donde las autoridades colaboraban con los contrabandistas sacrificando parte de los cargamentos para reportarlos como decomisos legítimos, con el fin de mejorar los resultados operativos de las instituciones.

El eco del escándalo resonó aún más el pasado 4 de febrero, cuando el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, vinculó al actual ministro del Interior, Armando Benedetti, con una supuesta infiltración de 500 millones de pesos de ‘Papá Pitufo’ en la campaña presidencial de Gustavo Petro. Actualmente, la Corte Suprema de Justicia adelanta investigaciones preliminares contra Benedetti, el senador Roy Barreras, y 32 congresistas y excongresistas por presuntas cuotas políticas destinadas a la designación de personal en la Dian.

Las investigaciones del caso no han estado exentas de riesgos para los involucrados. Agentes de la Policía y fiscales que trabajaron en los expedientes han denunciado amenazas y persecuciones. Uno de ellos, Alejandro Burbano, miembro de Interpol-Colombia, fue exiliado, mientras que el fiscal Andrés Marín abandonó el caso después de que le retiraran su esquema de seguridad.

Esta semana, el general retirado William Salamanca, exdirector de la Policía Nacional, confirmó que contrainteligencia detectó un complot en el que ‘Papá Pitufo’ ofreció 1.000 millones de pesos para atentar contra altos mandos encargados de la investigación. Salamanca abandonó el país por razones de seguridad.

En el fondo del escándalo, los investigadores señalan que la magnitud del contrabando en Colombia supera incluso las utilidades generadas por el narcotráfico, con una red que incluye altos oficiales, políticos y empresarios cuyo alcance compromete no solo a la Policía, sino también a la estabilidad del Estado.

El puerto de Buenaventura, por donde ingresa el 45% de los productos importados al país, es uno de los principales epicentros del contrabando, incluso generando utilidades que triplican las del narcotráfico según estimaciones de investigadores