Las familias de las víctimas de los accidentes de los aviones Boeing 737 Max 8, ocurridos en Etiopía en 2019 y en Indonesia en 2018, han exigido que el fabricante de aviones Boeing sea procesado penalmente y sancionado con una multa de hasta $25 mil millones. Esta solicitud surge a raíz de lo que han calificado como "el crimen corporativo más mortal en la historia de Estados Unidos".
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El abogado de las familias, Paul Cassell, subrayó que la multa solicitada es “legalmente justificada y claramente apropiada” debido al "enorme costo humano de los crímenes de Boeing". Sin embargo, dicha cantidad podría reducirse notablemente si la empresa implementara mejoras en sus estándares de seguridad y aceptara la supervisión de un monitor independiente.
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Los accidentes, atribuidos a un sistema antirrodamiento defectuoso en el modelo 737 Max, generaron demandas legales y causaron una crisis de confianza en la seguridad que ofrece Boeing. La compañía se ha visto sometida a una creciente presión y enfrenta actualmente la posibilidad de que los fiscales federales reviertan un acuerdo de no enjuiciamiento que ha expirado. Además, el Departamento de Justicia está considerando imputar nuevamente a Boeing por fraude relacionado con estos accidentes.
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En paralelo, las familias de las víctimas han pedido que parte de cualquier eventual multa sea destinada a la creación de un monitor independiente que supervise las medidas de seguridad y cumplimiento de la empresa. Este reclamo complementa las disculpas públicas ofrecidas por el CEO de Boeing durante una audiencia en el Congreso. El mandatario reconoció los errores cometidos por la compañía y se comprometió a trabajar en mejoras para la seguridad de futuros aviones.

Boeing enfrenta también consecuencias financieras significativas, con una pérdida anticipada de alrededor de $8 mil millones en efectivo en la primera mitad del año, y una disminución de un tercio en el valor de sus acciones en 2023. Un factor externo que ha agravado la situación es el uso de titanio falsificado en partes compradas por la empresa, deteriorando aún más la confianza en sus capacidades de fabricación.

Estas demandas y procedimientos judiciales reflejan una lucha continua por responsabilidad y justicia por parte de las familias afectadas por los trágicos accidentes. El Departamento de Justicia y otras entidades legales seguirán evaluando la mejor manera de proceder para garantizar que se haga justicia y se prevengan tragedias similares en el futuro.