El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, explicó detalladamente el funcionamiento de lo que denomina "Cartel de los Lotes", un presunto esquema de corrupción relacionado con las obligaciones urbanísticas en Medellín. Según el exalcalde, este sistema operaba de la siguiente manera: los constructores, que deben pagar obligaciones urbanísticas al municipio, podían hacerlo mediante cesión de terrenos. La irregularidad consistía en que estos terrenos eran comprados a precios muy bajos y luego certificados por la administración municipal a valores muchísimo más altos. (Link)
"El constructor compraba un terreno en un peso, por ejemplo, iba a la alcaldía de Federico Gutiérrez, le certificaban que valía 100 pesos y se lo entregaban al municipio como si valiera 100 pesos", explicó Quintero durante la transmisión.
Casos concretos: Guacharacas y La Volcana
El exalcalde presentó documentación específica sobre dos casos que considera emblemáticos de este esquema: los predios Guacharacas y La Volcana. Según mostró en documentos que compartió con los espectadores, el predio Guacharacas pasó de tener un avalúo catastral de 2.052 millones de pesos a ser recibido por la alcaldía en 23.772 millones en diciembre de 2018, durante la administración de Gutiérrez.
Un caso similar habría ocurrido con el predio La Volcana, que según Quintero pasó de un avalúo catastral de aproximadamente 1.151 millones a ser certificado y recibido por la administración Gutiérrez en 23.337 millones de pesos.
"Solo en estos dos lotes estamos hablando de 46.000 millones de pesos de diferencia entre el catastral y el valor recibido", señaló Quintero, quien añadió que estos casos corresponden a apenas "uno de los 900 polígonos" en los que podría haberse replicado este esquema en Medellín.
Nuevos detalles sobre el caso Aguas Vivas
Respecto al predio Aguas Vivas, centro de la controversia actual, Quintero aportó nueva información: "El lote valía 2.700 millones de pesos en términos catastrales. Fico firma el 23 de julio del año 2019 un avalúo catastral por 44.000 millones de pesos, que además se va indexando en el tiempo, termina en 47.000 luego 48.000 millones de pesos".
Según Quintero, la administración Gutiérrez habría intentado replicar en Aguas Vivas el mismo esquema utilizado en Guacharacas y La Volcana, pero "no les dio tiempo" porque perdieron las elecciones. Para solventar esto, crearon una figura de "cesiones anticipadas" mediante el Decreto 2502, firmado el 31 de diciembre de 2019, último día de su mandato.
"Este decreto no se podía ejecutar, este modelo no se podía ejecutar ni en Medellín y les voy a demostrar que ni siquiera en Colombia", afirmó Quintero, señalando que el decreto violaba la legislación nacional porque "las sesiones anticipadas sólo son permitidas en la legislación nacional para zonas urbanas, no para zonas rurales", mientras que Aguas Vivas era "95% rural".
Más grave aún, según Quintero, es que "el contrato se hizo sobre un decreto que no existía. Fico firmó el decreto el mismo día y sólo entró a regir el 1 de enero del 2020, cuando Fico ya no era alcalde". Esta secuencia cronológica, de ser cierta, constituiría una seria irregularidad administrativa.
Denuncia sobre la fiscal del caso
Una de las revelaciones más impactantes de la transmisión fue la acusación de que la fiscal seccional que investigaba el caso contra Quintero, identificada como Yiri Milena Amado Sánchez, fue posteriormente contratada por la administración de Federico Gutiérrez, actual alcalde de Medellín.
"Mientras nosotros poníamos la denuncia, ¿qué hizo Fico? Lo que hizo Fico fue contratar a la fiscal que estaba llevando el caso en Medellín y se la llevó para su despacho, a trabajar en su despacho", denunció Quintero, indicando que tiene el decreto de nombramiento entre las pruebas presentadas.
Esta situación plantearía un grave conflicto de interés que, según Quintero, explicaría por qué "en lugar de ser Fico el que esté hoy respondiendo por lo que es evidentemente una acción que él hizo, nos ponen a responder a nosotros".
Denuncias previas ignoradas
Quintero respondió a quienes le cuestionan por qué no denunció antes estas irregularidades, afirmando que su administración presentó denuncias desde 2022 tras recibir un concepto del Consejo de Estado que indicaba que el contrato de Aguas Vivas tenía "una nulidad absoluta".
"Lo hicimos desde el 2022. Lo que hace un funcionario público es encuentra que hay una irregularidad. El Consejo de Estado nos dijo una cosa diferente, que había que eliminar, terminar el contrato, que tenía una anulidad absoluta", explicó el exalcalde.
Según Quintero, en julio de 2024 volvieron a presentar una denuncia ante la Fiscalía al recibir información de que Aguas Vivas no era el único lote involucrado en este esquema, pero "nunca nos llamaron". "Ahorita, que les hemos pedido que nos llamen. Esta semana les dijimos, oiga, llámenos. Que no, que no les interesa escuchar", añadió.
Un llamado a la Fiscal General
Durante la transmisión, Quintero hizo un llamado directo a la Fiscal General de la Nación para que investigue lo que ocurre en la Fiscalía de Medellín, institución que describe como "un rollo" con serios problemas de independencia.
"Yo le hago un llamado a la Fiscal General de la Nación, ni siquiera por este caso, por el país, que se revise qué pasa en Medellín. Porque entonces, cuando llega alguien que quiere cambiar la política, que quiere transformar la política, lo persiguen", manifestó.
Quintero comparó la diligencia con que se ha actuado en su contra con la aparente inacción en otros casos: "¿Dónde están los condenados de Hidroituango? ¿Qué ha hecho la Fiscalía por Hidroituango? Se han perdido 10 billones de pesos. ¿Qué ha pasado ahí? Pues la Fiscalía Seccional de Medellín tiene eso escondido".
Impacto político
El exalcalde vinculó estas acusaciones con su posible candidatura presidencial, sugiriendo que existe un esfuerzo coordinado para sacarlo de la contienda electoral.
"Han tratado de todas las maneras, el cuento que me echan a mí, es que de todas las maneras trataron de sacarme de la elección presidencial", afirmó Quintero, quien mencionó que en recientes encuestas ha pasado "del 4 al 6%" de intención de voto.
"Y entonces un genio dijo, oiga, pues es que falta imputar a Quintero", añadió, sugiriendo que las acciones judiciales en su contra responden a motivaciones políticas.
Próximos pasos
Quintero anunció que continuará con la defensa pública de su caso y con la presentación de pruebas. También habilitó un canal para que los ciudadanos interesados puedan acceder directamente a los documentos presentados y formar su propio criterio.
Al cierre de la transmisión, el exalcalde hizo un llamado a un "reinicio" o "reset" del sistema judicial y político colombiano: "Este país necesita un reinicio. Necesita un reseteo. No es solo la justicia la que no está funcionando. Hay muchas cosas que no están funcionando en este país".
La audiencia de imputación de cargos contra Quintero por el caso Aguas Vivas está programada para el 25 de marzo de 2025, mientras que la Fiscalía aún no se ha pronunciado oficialmente sobre las nuevas acusaciones presentadas por el exalcalde en su transmisión en vivo.