El gobierno del entonces presidente Iván Duque adjudicó el 21 de julio de 2022 un contrato de medicamentos por un valor total de 2,4 billones de pesos. Este acuerdo fue gestionado bajo el Convenio Marco y a través del proceso de Selección Abreviada de menor cuantía número CCENEG-055-03-2022. Con una duración de tres años, el contrato estipula que las entidades públicas, incluidas las instituciones hospitalarias, la Policía Nacional y el Ejército, deben adquirir medicamentos únicamente de los proveedores seleccionados.
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Las empresas elegidas para la distribución de medicamentos fueron Éticos Serrano Gómez Ltda, Unión Temporal Audidrogas y Productos Hospitalarios S.A. Éticos Serrano Gómez Ltda, vinculada a la influyente familia Char, tiene como socio a Farid Char y se responsabilizará de distribuir los medicamentos en 13 departamentos, incluyendo Atlántico, Bolívar, Antioquia, y Norte de Santander, entre otros. Por su parte, Unión Temporal Audidrogas asumirá la distribución a nivel nacional, mientras que Productos Hospitalarios S.A. compartirá la tarea en las regiones previamente mencionadas.

Desde la puesta en marcha del contrato, Éticos Serrano Gómez Ltda ha reportado ventas que alcanzan los 1,8 billones de pesos en los últimos dos años. Sin embargo, el contrato no ha estado exento de polémicas, principalmente porque fue suscrito apenas días antes de que terminara el mandato de Iván Duque, lo que ha generado denuncias sobre un posible favoritismo y conflicto de intereses.
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El actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha cuestionado la legalidad y transparencia del convenio. Entre las acusaciones presentadas por Petro se incluye que la estructura del contrato favoreció la consolidación de un monopolio en la distribución de medicamentos, restringiendo el acceso a otros posibles proveedores y beneficiando a políticos y empresarios que estarían vinculados al gobierno saliente. Petro ha señalado que estas condiciones limitan la capacidad de su administración para negociar con nuevos proveedores, lo que afecta directamente la competencia y el mercado farmacéutico nacional.

Ante estas críticas, Petro ha solicitado la realización de investigaciones rigurosas para esclarecer las circunstancias de la firma de este contrato y para determinar si existieron irregularidades en el proceso de adjudicación. Los cuestionamientos se centran en el impacto que este acuerdo tiene sobre las entidades públicas y sus presupuestos, las cuales están obligadas a adquirir medicamentos únicamente a través de los tres distribuidores contratados.

Esta situación ha abierto un debate sobre la transparencia en procesos de contratación estatal y la influencia de actores políticos y económicos en los mismos. Hasta el momento, las autoridades competentes aún no han emitido un pronunciamiento final sobre las investigaciones solicitadas por el Gobierno Nacional.

Este contrato fue firmado bajo la modalidad de Selección Abreviada de menor cuantía, un procedimiento utilizado para simplificar la contratación pública, pero que también ha sido objeto de críticas por su potencial para favorecer a ciertos oferentes en procesos altamente específicos.