La investigación sobre Diego Marín, conocido como el "zar del contrabando", ha destapado una preocupante trama de corrupción que involucra presiones políticas y sobornos multimillonarios. Según el exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Juan Ricardo Ortega, un expresidente colombiano, cuyo nombre no fue revelado, presionó para el nombramiento de un coronel en la dirección de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), quien presuntamente colaboraba con Marín. Ortega aclaró que este expresidente no era Andrés Pastrana.
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Diego Marín dirigió una estructura criminal dedicada al contrabando, con operaciones reportadas desde los años 90 y redes activas en el Eje Cafetero, Barranquilla, Buenaventura, Cartagena y el aeropuerto El Dorado en Bogotá. Sus actividades implicaron sobornos y vínculos con funcionarios públicos, entre ellos miembros de la DIAN. Ortega mencionó que aproximadamente 700 millones de pesos eran pagados diariamente en sobornos solo en Buenaventura, una de las rutas principales de contrabando.
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En 2017, se presentó una denuncia contra la red de Marín, pero las investigaciones fueron archivadas. En 2020, el caso pasó a manos del fiscal Andrés Marín, pero tuvo avances mínimos. La captura de Diego Marín en Portugal a finales de 2022 marcó un punto de inflexión en esta investigación. Marín fue imputado por delitos de concierto para delinquir con fines de contrabando y cohecho tras comprobarse el pago de sobornos superiores a mil millones de pesos para garantizar el tránsito ilegal de mercancías. Las autoridades portuguesas aprobaron su extradición a Colombia.

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Ortega también relató que un miembro de la Armada fue tentado con un soborno de 18 millones de dólares por el "zar del contrabando". Según el exfuncionario, muchos empleados de la DIAN se enriquecieron a través de estas prácticas corruptas, lo que evidencia el alcance del problema dentro de las instituciones estatales. Además, subrayó que la corrupción en el país tiene características distintas dependiendo de cada región.
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En cuanto al nombramiento del coronel vinculado a Marín, Ortega aseguró que su llegada a la Polfa fue resultado de presiones políticas. Aunque expresó su temor a represalias por realizar estas declaraciones, calificó a las personas implicadas como "gente peligrosa".
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Este caso pone de manifiesto la interacción entre redes delictivas y decisiones políticas, lo que ha dificultado los avances judiciales y permitido que el contrabando y la corrupción proliferen en el país. La sociedad aún espera condenas contundentes contra los involucrados y el desmantelamiento total de esta estructura criminal. Diego Marín, conocido como alias "Papá Pitufo", ha sido señalado como el principal contrabandista del país desde los años 90, trabajando impune durante tres décadas y utilizando diferentes regiones y puertos estratégicos para sus actividades ilícitas.