El presidente de Colombia, Gustavo Petro, promulgó el decreto 1231, una normativa que busca regular el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional. Este decreto prohíbe específicamente la utilización de fuerza letal para proteger bienes materiales, permitiendo su uso únicamente como último recurso frente a situaciones en las que la vida de personas esté en riesgo.
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Esta medida fue impulsada tras las violentas protestas de 2021, donde se registraron decenas de muertes y miles de heridos, en respuesta a la demanda de votantes de izquierda por una mayor regulación de las acciones policiales.
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El decreto delineó varios principios clave para el uso de la fuerza, enfatizando el diálogo y los métodos preventivos antes de recurrir a cualquier tipo de violencia. La normativa explícitamente prohíbe el uso de armas letales en situaciones que no comprometan la vida de los policías o de los ciudadanos, y establece que la fuerza letal no puede ser utilizada para enfrentar bloqueos o paros de vías.
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En el contexto de agresiones no letales, la respuesta de los agentes debe ser meramente disuasoria, empleando Armas Menos Letales (AML) y evitando causar daño en áreas sensibles del cuerpo humano. Asimismo, para situaciones de resistencia pasiva, los agentes de policía están autorizados únicamente a emplear tácticas de comunicación y negociación.
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El decreto otorga a la Policía Nacional un periodo de 18 meses para actualizar sus protocolos y para proporcionar formación adicional en derechos humanos. Además, se requiere que la Policía presente un informe anual sobre la implementación de estas directrices, evaluando los resultados tanto cualitativos como cuantitativos.
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Las reacciones a esta nueva normativa han sido diversas. Mientras expertos y figuras de la oposición advierten que podría debilitar la autoridad policial, otros argumentan que es un paso necesario para evitar abusos y muertes en situaciones de protesta. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, ha sido uno de los principales defensores del decreto, aseverando que no pone en riesgo la seguridad de los policías, sino que proporciona directrices más claras y seguras para el uso de la fuerza.
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De acuerdo con el decreto, esta normativa también se alinea con las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sigue los estándares internacionales establecidos por la ONU y la Cruz Roja sobre el uso de la fuerza policial.
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El detalle de la nueva normativa y su implementación será un enfoque crítico en la formación de los cuerpos policiales, específicamente en derechos humanos y en técnicas de desescalada.
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Estos cambios buscan no solo proteger la vida de los individuos, sino también mejorar la relación entre la Policía Nacional y la ciudadanía, construyendo un entorno más seguro y basado en el respeto a los derechos humanos.