El Congreso de Colombia ha dado un paso histórico en la descentralización y la autonomía económica de sus regiones al aprobar, el 3 de diciembre de 2024, la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP). Esta iniciativa era considerada el mayor avance en este ámbito desde la Constitución de 1991. La nueva normativa destinará un mayor porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación a las regiones, incrementando gradualmente del 25% actual al 39.5% en un plazo de 12 años.
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La reforma implicó la modificación de los artículos 356 y 357 de la Constitución y logró pasar por ocho intensos debates legislativos. En la votación final, obtuvo un contundente apoyo en la plenaria de la Cámara con 124 votos a favor y solo 3 en contra. Este respaldo unánime incluyó congresistas de múltiples bancadas, tales como el Pacto Histórico, el partido Verde, el partido Liberal, el partido de la U, el partido Conservador, y algunos miembros de Cambio Radical y del Centro Democrático.
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Una parte crucial de la implementación de la reforma incluye la aprobación de una ley de competencias que definirá las nuevas responsabilidades de los municipios y departamentos. El Congreso tiene un plazo de 12 meses para sancionar esta ley, lo que permitirá una distribución clara y equitativa de los recursos y obligaciones.
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A pesar del respaldo mayoritario, la reforma no estuvo exenta de críticas y preocupaciones. El representante Andrés Forero del uribismo y Katherine Miranda de la Alianza Verde, entre otros, advirtieron sobre los posibles riesgos para la estabilidad fiscal del Estado. Los críticos estiman que la reforma podría tener un costo de entre 218 y 263 billones de pesos, lo que equivale aproximadamente al 7% del PIB.
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El Ministerio del Interior, sin embargo, defendió vehementemente la reforma. Argumentaron que no debería tener un impacto fiscal negativo, ya que las regiones también asumirán mayores responsabilidades de gasto, lo que ayudará a equilibrar las finanzas públicas.
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La reforma al SGP se presenta como una respuesta a una "deuda histórica" con los departamentos y municipios de Colombia. Busca cerrar las brechas territoriales y mejorar la capacidad de las regiones para satisfacer sus necesidades en áreas clave como la educación obligatoria, la salud, la recolección de basuras, el acueducto y el alcantarillado. Al incrementar los recursos destinados a estos sectores, la expectativa es que las regiones puedan ofrecer servicios de calidad y responder de manera más efectiva a las demandas de su población.
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El siguiente paso será la aprobación de la legislación secundaria necesaria para poner en marcha esta reforma. Con la ley de competencias, se espera establecer claramente qué responsabilidades recaerán sobre los gobiernos locales, asegurando que cuenten con los recursos y la capacidad necesarias para gestionarlas adecuadamente. Esto representa un desafío significativo, pero también una oportunidad única para fortalecer la gobernanza local y mejorar la calidad de vida en todas las regiones del país.
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La decisión del Congreso y el debate subsiguiente reflejan la importancia de la descentralización en la agenda política de Colombia. El camino hacia una implementación efectiva demandará un esfuerzo coordinado entre los diferentes niveles de gobierno, así como una supervisión constante para garantizar que los recursos se utilicen de manera eficiente y transparente.