El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, declaró la ley marcial de emergencia, acusando a la oposición de controlar el Parlamento y de simpatizar con el régimen de Corea del Norte. Esta medida fue la primera declaración de ley marcial en Corea del Sur desde 1980 y Yoon argumentó que era necesaria para erradicar “fuerzas pronorcoreanas” y proteger el orden constitucional democrático.
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La ley marcial estuvo vigente aproximadamente seis horas, desde su declaración hasta su revocación. Durante su duración, se prohibieron todas las actividades políticas, manifestaciones, huelgas y se controlaron los medios de comunicación. El decreto estipulaba que cualquier acto que intentara derrocar el sistema democrático o que se considerara como manipulación de la opinión pública sería penalizado, permitiendo arrestos sin orden judicial.
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La Asamblea Nacional de Corea del Sur, con 190 de sus 300 miembros presentes, votó en contra de la ley marcial en una sesión de urgencia, declarando la medida como “nula y sin efecto”. El presidente de la Asamblea, Woo Son-shik, afirmó que los legisladores protegerían la democracia con el apoyo del pueblo.
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En el contexto político, el Partido Democrático, de centroizquierda, tiene la mayoría en el Parlamento y había aprobado un proyecto de ley de presupuesto reducido sin el apoyo del Partido del Poder Popular (PPP), el partido de Yoon. La oposición también había presentado mociones de destitución contra el auditor estatal y el fiscal jefe.
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Las declaraciones de Yoon generaron protestas frente a la Asamblea Nacional, donde los ciudadanos exigieron la retirada de la ley marcial con consignas como “¡Yoon Suk-yeol, a prisión!”. La Casa Blanca expresó su preocupación por los eventos en Seúl, indicando que no había sido notificada de antemano sobre la declaración de la ley marcial.
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En términos económicos, tras la declaración de la ley marcial, el won surcoreano cayó a su nivel más bajo en dos años frente al dólar. El ministro de Finanzas, Choi Sang-mok, convocó una reunión de emergencia para abordar la situación económica.
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Yoon Suk-yeol anunció la retirada de la ley marcial tras la presión del Parlamento y las protestas en las calles. La revocación se formalizó en una reunión del gabinete alrededor de las 4:30 a.m. del 4 de diciembre de 2024.
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En su discurso, Yoon describió a la oposición como “fuerzas antiestatales pronorcoreanas” y prometió que la ley marcial ayudaría a “reconstruir y proteger” al país. Sin embargo, su decisión fue criticada incluso por miembros de su propio partido, quienes la consideraron errónea.
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Este evento ha sido un punto crítico en la política surcoreana, recordando a una era de autoritarismo que el país había dejado atrás desde su democratización en 1987.