En Afganistán, las nuevas leyes impuestas por el régimen talibán han llevado a la detención masiva de mujeres y niños que se ven obligados a mendigar debido a la prohibición de empleo para mujeres instaurada en agosto de 2021. Desde la implementación de estas leyes en mayo de 2024, se estima que alrededor de 60,000 mendigos han sido arrestados en Kabul.
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El régimen talibán ha establecido una comisión destinada a registrar a los mendigos, categorizándolos como "profesionales", "desfavorecidos" u "organizados". Este proceso incluye la recolección de datos biométricos, lo que ha generado preocupación por los posibles usos de esta información. Las mujeres detenidas han denunciado severos abusos dentro de las cárceles, incluyendo casos de violación y tortura.
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Zahra, una madre de tres hijos, declaró que fue arrestada mientras mendigaba y que durante su encarcelamiento sufrió abusos sexuales y golpizas. Parwana, otra mujer detenida, pasó 15 días en la prisión de Badam Bagh, donde también fue víctima de violación y fue testigo del abuso de niños.
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Los informes sobre las condiciones en las cárceles describen una realidad brutal, incluido el reporte de niños que han sido golpeados hasta la muerte. Según la legislación talibana, si un mendigo muere bajo custodia y no tiene familiares, son los funcionarios municipales quienes se encargan de su entierro.
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A pesar de que las mujeres clasificadas como "desfavorecidas" deberían recibir asistencia financiera tras ser liberadas, ninguna de las entrevistadas ha recibido dicha ayuda. Esto las obliga a volver a mendigar o a depender de la caridad de sus vecinos para sobrevivir. Hasta el momento, las autoridades talibanes no han emitido comentarios en respuesta a estas graves denuncias.
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Este suceso pone de manifiesto la creciente crisis social y humanitaria en Afganistán, donde la represión y la falta de oportunidades han llevado a situaciones extremas de vulnerabilidad para las mujeres y los niños. La comunidad internacional sigue observando con preocupación la situación, llamando a una respuesta urgente para abordar los abusos cometidos.
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Las denuncias de tortura y violación, junto con la negligencia en la protección de los derechos humanos básicos, acentúan la necesidad de una intervención global para garantizar la seguridad y el bienestar de los afectados por estas medidas draconianas.