Durante una audiencia celebrada en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, los representantes de varios estados vulnerables, liderados por Ralph Regenvanu, el enviado especial de Vanuatu para el cambio climático y el medio ambiente, argumentaron que un reducido número de países debe ser considerado legalmente responsable por los efectos adversos del cambio climático. Regenvanu destacó que estos estados son los principales productores de emisiones de gases de efecto invernadero y, a pesar de las advertencias científicas, las emisiones han aumentado más del 50% desde 1990.
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Los estados insulares del Pacífico, incluyendo Vanuatu, enfrentan graves consecuencias como el aumento del nivel del mar y desastres naturales cada vez más severos y frecuentes. La audiencia de la CIJ es el resultado de años de esfuerzo por parte de estudiantes de derecho de las islas del Pacífico y la diplomacia liderada por Vanuatu. En marzo de 2023, la Asamblea General de la ONU aprobó por unanimidad una resolución solicitando a la CIJ un dictamen sobre las obligaciones de los estados en la lucha contra el cambio climático y las consecuencias legales de no cumplir con estas obligaciones.
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Durante las siguientes dos semanas, la CIJ escuchará a representantes de 98 países, incluyendo grandes emisores como Estados Unidos y China, que aún no reconocen plenamente la autoridad de la CIJ. Ilan Kiloe, abogado del Grupo de Vanguardia Melanesio, que incluye a Fiji, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón y Vanuatu, resaltó que la crisis climática amenaza el derecho a la autodeterminación de los estados y está íntimamente ligada al colonialismo.
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Margaretha Wewerinke-Singh, abogada principal de Vanuatu y el Grupo de Vanguardia Melanesio, argumentó que ciertos estados han violado el derecho internacional al otorgar licencias y subsidios para la extracción de combustibles fósiles sin regular adecuadamente las emisiones, ni proporcionar el financiamiento necesario bajo el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Según Wewerinke-Singh, estos estados deben hacer reparaciones proporcionales a sus contribuciones históricas, incluyendo compensación monetaria.
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En el primer día de audiencias, se debatió si las obligaciones legales de los estados van más allá de la CMNUCC. Alemania y Arabia Saudita argumentaron que sus obligaciones no exceden las establecidas en el Acuerdo de París, que es un tratado internacional vinculante sobre cambio climático, aunque permite a los estados establecer sus propios objetivos en sus contribuciones determinadas a nivel nacional.
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Cynthia Houniuhi, presidenta del grupo de jóvenes Pacific Island Students Fighting Climate Change, expresó que los jóvenes habían visto el Acuerdo de París como un instrumento de esperanza, pero que había sido "secuestrado" por intereses de combustibles fósiles.
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La CIJ, junto con el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es una de las tres instituciones encargadas de emitir un dictamen consultivo sobre cambio climático. El ITLOS fue el primero en emitir su fallo, afirmando que los gases de efecto invernadero son contaminantes y que los estados tienen responsabilidades legales que van más allá de la CMNUCC.
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La CIJ tomará en cuenta estos dictámenes y también los fallos significativos de otros tribunales, como la decisión de la Corte Europea de Derechos Humanos, que determinó que Suiza había violado los derechos humanos de sus ciudadanos al no reducir adecuadamente sus emisiones de gases de efecto invernadero. Aunque los dictámenes de la CIJ no son vinculantes, se espera que sirvan como documentos de referencia en futuros litigios climáticos y en negociaciones internacionales sobre el clima.