El conflicto entre los grupos narcotraficantes en la frontera amazónica entre Colombia y Ecuador ha escalado drásticamente en los últimos meses. La provincia ecuatoriana de Orellana y el departamento colombiano de Putumayo son las zonas más afectadas, experimentando un aumento de la violencia que ha resultado en masacres y extorsiones.
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Desde julio de 2024, cuando se rompió la tregua entre los Comandos de la Frontera, un grupo armado colombiano, y Los Choneros, una banda criminal ecuatoriana vinculada al cartel de Sinaloa, la situación se ha vuelto insostenible. En las últimas cinco masacres atribuidas a estos enfrentamientos, se han registrado eventos como la masacre de seis personas el 2 de noviembre en El Eno. La violencia ha aumentado significativamente en zonas como La Joya de los Sachas, donde las muertes se triplicaron en 2024, con 74 crímenes en comparación con 24 en el mismo período de 2023.
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En el sur de Putumayo, donde se cultivan 56,933 hectáreas de hoja de coca, los campesinos enfrentan la imposición de doble extorsión por parte de ambos grupos. Un campesino reportó que, antes de que la tregua se rompiera, pagaba 150,000 pesos (aproximadamente 35 dólares) por cada kilo de pasta base de cocaína, pero ahora debe pagar esa cantidad a ambos grupos, incrementando increíblemente su carga económica.
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La Armada de Colombia ha identificado una de las principales rutas de narcotráfico en la Amazonía, la cual atraviesa la frontera en Sucumbíos, Ecuador, aprovechando la densa selva y la escasa presencia policial. Informes de inteligencia ecuatoriana también confirman el aumento de la violencia, con un informe de asesinatos que ha alcanzado niveles alarmantes.
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Adicionalmente, Los Choneros han comenzado a extorsionar a comerciantes colombianos, exigiendo el pago de impuestos bajo amenazas de violencia. Esto ha llevado a que los comerciantes se vean obligados a pagar extorsiones en ambos lados de la frontera. La expansión de los carteles ecuatorianos hacia el norte de la frontera y los intentos de los Comandos de la Frontera por controlar territorios han añadido tensión a la región.
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Organizaciones sociales han señalado que entre el 70% y el 80% de la cocaína que sale del sur de Colombia es transportada a través de Ecuador hacia puertos marítimos o rutas fluviales hacia Brasil. La deforestación es otro problema latente en la región, impulsada por la minería ilegal. Entre 2019 y 2023, se ha registrado la deforestación de 1,001 hectáreas en la zona del río Punino, afectando el entorno ecológico de ambos países.
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La situación ha transformado la vida de las comunidades fronterizas, imponiendo restricciones y controles sobre actividades sociales y religiosas. Camperos y comerciantes luchan por sobrevivir en medio de la violencia y la extorsión, con escasa ayuda de las autoridades locales y nacionales.
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Las cifras demuestran la grave situación que se vive en esta región fronteriza, destacando la necesidad de acciones concertadas y efectivas para mitigar la violencia y restaurar el orden.