Luis Gustavo Moreno, exfiscal anticorrupción condenado en 2018 por corrupción y actual abogado defensor de Sneyder Pinilla, se convirtió en agente encubierto de la Fiscalía General de la Nación en el marco del escándalo de corrupción relacionado con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El caso involucra un presunto soborno de 13.000 millones de pesos ofrecido por el abogado Édgar Eduardo Riveros Rey, con el fin de que Pinilla guardara silencio sobre su cliente, Luis Carlos Barreto, y sobre ocho contratos de la UNGRD que ascienden a aproximadamente 300.000 millones de pesos.

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El primer encuentro donde se ofreció el soborno tuvo lugar el 26 de julio de 2024 en el hotel Double Tree by Hilton en Bogotá. Este encuentro fue organizado a través de una conversación de WhatsApp entre Riveros Rey y Moreno, quien notificó a la Fiscalía antes de la reunión. Durante este encuentro, se realizaron grabaciones que capturaron las conversaciones, y se mencionaron otros encuentros en el hotel Tequendama y en el centro comercial Salitre Plaza, llevados a cabo en fechas como el 20 de agosto y el 26 de agosto.
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La Fiscalía ha presentado pruebas que incluyen grabaciones de video y audio de las reuniones, donde se escucha claramente el contenido de las conversaciones. En una audiencia reciente, el fiscal solicitó a la juez 71 Penal Municipal de Bogotá que impusiera una medida de aseguramiento privativa de la libertad contra Riveros Rey. La audiencia fue suspendida y reprogramada para el 9 de septiembre de 2024 a las 7:30 a.m.
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Este caso ha generado un gran interés público, dado que Moreno fue anteriormente director Nacional Anticorrupción en 2016, nombrado por el entonces fiscal general Néstor Humberto Martínez. La relevancia del caso y el monto implicado en el soborno han dejado a la opinión pública atenta a los desarrollos y posibles implicaciones legales que puedan surgir. Con estas pruebas contundentes, la Fiscalía busca esclarecer la magnitud del caso y las redes de corrupción involucradas, presentando un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción en entidades gubernamentales.
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La investigación ha desvelado la compleja red de corrupción alrededor de los contratos multimillonarios de la UNGRD, afectando gravemente la transparencia y la ética en la gestión de recursos destinados a la prevención y atención de desastres en el país. Las autoridades han subrayado la importancia de estas acciones encubiertas para desmantelar las estructuras corruptas y restaurar la confianza pública en las instituciones.
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En cuanto a la respuesta legal, se espera que la reanudación de la audiencia en septiembre permita avanzar en la imputación de cargos y establecer las medidas cautelares necesarias contra los involucrados. La gravedad del caso y las cifras millonarias envolvientes resaltan la necesidad urgente de acciones judiciales firmes y efectivas para abordar y sancionar estos actos de corrupción.
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Luis Gustavo Moreno, al colaborar con la Fiscalía, ha demostrado un claro compromiso con la justicia, desempeñando un rol crucial en la revelación del soborno millonario y la conexión de este con los contratos de la UNGRD, unos de los más grandes en términos de inversión pública en el país. La conclusión del caso determinará importantes precedentes en el tratamiento legal de la corrupción a gran escala.