La audiencia en la que la Fiscalía iba a imputar cargos al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y a doce de sus exfuncionarios, fue aplazada por decisión del juzgado 16 penal municipal con función de control de garantías.

El aplazamiento se produjo luego de las solicitudes presentadas por dos de los abogados defensores, quienes argumentaron motivos personales y profesionales para solicitar más tiempo.

La diligencia, inicialmente programada para el 25 de marzo de 2025 a las 2:15 de la tarde, buscaba que la Fiscalía imputara cargos por interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y prevaricato por acción relacionados con el caso del predio Aguas Vivas.

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Según la constancia emitida por el juzgado, la defensora Astrid Carvajal solicitó el aplazamiento debido a compromisos académicos en la Universidad Santo Tomás y audiencias programadas en la Corte Suprema de Justicia. Por su parte, el abogado Luis Antonio Hernández Barbosa, defensor de Quintero, pidió más tiempo para preparar adecuadamente la defensa de su cliente.

La jueza Natalia Echeverri Cardona accedió a la solicitud y devolvió la carpeta al centro de servicios judiciales para reprogramar la audiencia con carácter urgente.

Giro dramático tras revelaciones en transmisión en vivo

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Este aplazamiento ocurre apenas un día después de que Quintero realizara una transmisión en vivo seguida por miles de personas, donde presentó lo que describió como pruebas contundentes de un "Cartel de los Lotes" durante la primera administración de Federico Gutiérrez (2016-2019).

Durante la transmisión, el exalcalde mostró documentos que, según él, evidencian que Gutiérrez habría firmado el contrato de Aguas Vivas el 27 de diciembre de 2019 sin que existiera el marco legal necesario, para luego crear dicho marco mediante el Decreto 2502 que entró en vigencia el 1 de enero de 2020, cuando ya no era alcalde.

"El contrato se firmó sin que existiera el decreto que debía regularlo: Gutiérrez creó el marco legal después de ejecutar el negocio, una irregularidad que podría llevarlo a la cárcel por prevaricato y celebración indebida de contratos", afirmó Quintero.

Además, el exalcalde presentó documentación sobre otros dos predios (Guacharacas y La Volcana) que habrían sido sobrevalorados en más de 46.000 millones de pesos durante la administración Gutiérrez, sugiriendo un patrón sistemático de irregularidades.

Conflicto de interés en la investigación

Otro elemento controvertido revelado por Quintero es que Yiri Milena Amado Sánchez, exdirectora de Fiscalías de Medellín que lideró la investigación en su contra, ahora trabaja como directora de despacho de Federico Gutiérrez.

Esta contratación, según Quintero, ocurrió poco después de que él presentara una denuncia formal contra Gutiérrez en julio de 2024, lo que plantea serias dudas sobre la imparcialidad del proceso judicial.

Implicaciones del aplazamiento

El aplazamiento de la audiencia le da a la defensa de Quintero tiempo adicional para organizar las pruebas que, según el exalcalde, demostrarían que las irregularidades en el caso Aguas Vivas fueron cometidas durante la administración de Gutiérrez y no durante la suya.

"Vamos a llevar las pruebas porque, como digo yo, FICO dio papaya... Nosotros lo vamos a convertir en la gran oportunidad", expresó Quintero durante su transmisión, sugiriendo que el caso podría terminar afectando más al actual alcalde que a él mismo.

Por el momento, la Fiscalía no se ha pronunciado sobre las acusaciones presentadas por Quintero contra Gutiérrez, ni sobre el aplazamiento de la audiencia. Se espera que en los próximos días se anuncie la nueva fecha para la imputación de cargos.