El pasado 15 de febrero de 2025, Donald Trump afirmó en su plataforma Truth Social y en X (antes conocido como Twitter): "He who saves his Country does not violate any Law" (Quien salva su país no viola ninguna ley). La declaración, equivalente a una reinterpretación de ideas atribuidas históricamente a Napoleón Bonaparte, fue respaldada a través de la cuenta oficial de la Casa Blanca en X. Este comentario ha causado controversia tanto entre sus críticos como en círculos académicos y jurídicos.
Trump ha utilizado esta declaración como base para validar decisiones presidenciales que, según diversos expertos, empujan al límite -o incluso lo sobrepasan- de los poderes otorgados constitucionalmente al ejecutivo. Entre las acciones destacadas que ha llevado a cabo desde asumir su segundo mandato, se incluyen intentos de redefinir la ciudadanía por nacimiento, algo que contraviene la 14ª Enmienda de la Constitución, despidos generalizados de funcionarios públicos y la eliminación de agencias gubernamentales. Asimismo, ha congelado fondos previamente aprobados por el Congreso sin autorización respaldada legalmente, provocando así enfrentamientos contundentes con el poder legislativo.
La administración de Trump se ha adherido a una interpretación radical de la teoría del ejecutivo unitario, que afirma que el Congreso no puede restringir el control del presidente sobre la rama ejecutiva en su totalidad. Entre sus posturas más claras está la idea de que el presidente tiene la potestad de despedir funcionarios de agencias independientes sin necesidad de justificación.
Estas acciones y declaraciones no han escapado al escrutinio judicial. Recientemente, Sarah M. Harris, abogada general interina del Departamento de Justicia, notificó al Congreso que el departamento no defenderá la constitucionalidad de leyes que limitan la capacidad del presidente para despedir funcionarios de agencias independientes durante sus mandatos. Este cambio en la posición del Departamento de Justicia ha intensificado aún más las críticas de diversos sectores.
Algunos analistas han comparado a Trump con figuras como Abraham Lincoln y Richard Nixon, quienes también realizaron maniobras extraordinarias alegando contextos de crisis. Sin embargo, críticos señalan que Trump habría llevado esta interpretación a un nivel sin precedentes al justificar cualquier decisión contraria a la ley bajo el argumento de una "cruzada para salvar a Estados Unidos". La controversia alcanzó niveles máximos cuando destacados opositores, como Jamelle Bouie del New York Times, calificaron estas declaraciones como las "más antiamericanas y anticonstitucionales jamás hechas por un presidente estadounidense". Por su parte, el conservador Bill Kristol afirmó que estas ideas reflejan una clara inclinación hacia la acumulación de poder característico de regímenes autoritarios.
En el ámbito político, estas afirmaciones y acciones han avivado serias preocupaciones sobre una posible crisis constitucional. Aliados del mandatario han respondido con contundencia contra jueces que han bloqueado órdenes ejecutivas, tildándolos de "corruptos" y "malvados". La polarización en torno a esta reinterpretación del poder presidencial se ha vuelto evidente, marcando desafíos legales y políticos significativos.
La situación, que algunos perciben como una erosión de los valores institucionales de Estados Unidos, ha provocado que observadores y académicos adviertan sobre los riesgos de ignorar los principios fundamentales de balance de poderes y el Estado de derecho en la búsqueda de objetivos individuales o partidistas. Esto se suma al amplio debate nacional sobre el fortalecimiento del sistema democrático frente a crisis políticas.