En un movimiento inusual para un presidente, Donald Trump y varios de sus principales asesores han reconocido públicamente la posibilidad de una recesión como resultado de las políticas económicas que han implementado. Howard Lutnick, secretario de Comercio, afirmó que estas medidas "valen la pena" incluso si conllevan una recesión, mientras que Scott Bessent, secretario del Tesoro, describió la situación como un "período de desintoxicación" para una economía dependiente del gasto público. Por su parte, Trump ha hablado de un "período de transición" mientras sus políticas buscan reestructurar la economía del país.

El núcleo de estas políticas incluye elevar aranceles a productos extranjeros, especialmente los de China, con la intención de reducir importaciones y fomentar la reindustrialización de Estados Unidos. No obstante, economistas como Kimberly Clausing, profesora de la Universidad de California en Los Ángeles, sostienen que estos aranceles perjudican tanto a consumidores nacionales como a fabricantes al encarecer materiales necesarios para la producción. "Fabricar productos en Estados Unidos es mucho más difícil cuando todos los insumos son más caros", advirtió.

La inflación, que Trump prometió erradicar "desde el primer día" de su mandato, sigue siendo persistente. Los indicadores de confianza de consumidores y empresas han caído, al igual que los precios de las acciones; ambos fenómenos se atribuyen a la incertidumbre generada por las medidas de la administración. A ello se suman los efectos desproporcionados de los aranceles y recortes en programas sociales como Medicaid, que impactan especialmente a los hogares de bajos ingresos.

Los críticos de estas políticas no se limitan a rechazos generales. David Autor, economista del MIT, argumenta que el enfoque arancelario de Trump es incapaz de revertir impactos de desindustrialización pasados, como el conocido "shock chino" que destruyó empleos manufactureros desde principios de los años 2000. Autor enfatiza que una estrategia económica efectiva debe centrarse en fomentar industrias de alto valor, complementando los aranceles con subsidios e inversión en manufactura innovadora, algo que Trump no ha promovido hasta ahora.

En cuanto al déficit, Scott Bessent describió el gasto público como un problema estructural. Economistas como Alan J. Auerbach, de la Universidad de California en Berkeley, alertaron sobre los riesgos de no reducirlo durante momentos de bajo desempleo. Sin embargo, las políticas actuales de Trump, que combinan extensiones de recortes fiscales aprobados en 2017 con recortes a programas sociales, no lograrían atacar el déficit federal de manera significativa.

Este panorama se torna especialmente preocupante para los segmentos más vulnerables de la población. Jessica Fulton, vicepresidenta del Centro Conjunto de Estudios Políticos y Económicos, advirtió de las consecuencias específicas para trabajadores menos educados y de bajos ingresos, en su mayoría pertenecientes a comunidades negras e hispanas. “Hablar de daños temporales ignora el hecho de que la gente sentirá las consecuencias de las decisiones que tome esta administración durante los próximos años”, señaló Fulton.

Aunque algunos analistas, como Oren Cass de American Compass, ven mérito en la honestidad del gobierno al admitir costos a corto plazo para lograr beneficios futuros, muchos coinciden en señalar fallas en la coherencia y viabilidad del plan. Incluso Cass criticó la implementación intermitente de los aranceles como un factor que pone en riesgo su efectividad.

Mientras tanto, los efectos colaterales y las interrogantes sobre los costos sociales plantean dudas significativas. Los precios más altos de bienes básicos y la eliminación o reducción de servicios públicos parecen afectar de manera desproporcionada a quienes confiaron en estas políticas con la esperanza de mejorar su situación económica, dejando abierta la pregunta sobre los verdaderos beneficiarios de estas medidas.

A pesar de haber originado una importante polémica, Trump es uno de los pocos presidentes contemporáneos que ha admitido públicamente el riesgo de una recesión como parte de su estrategia económica, algo que en general los líderes políticos intentan evitar por completo.