El 30 de marzo de 2025, la administración de Donald Trump notificó a varias empresas, entre ellas la española Repsol, la italiana Eni, la francesa Maurel & Prom, la india Reliance Industries y la estadounidense Global Oil Terminals, sobre la revocación de sus permisos para exportar crudo y combustibles provenientes de Venezuela. Esta decisión se suma a una serie de medidas diseñadas para incrementar la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, acusado de fraude electoral, violaciones a los derechos humanos y el envío de delincuentes hacia Estados Unidos.

La producción de Repsol en Venezuela alcanzó en 2024 una media de 67 millones de barriles al día, mientras que su exposición patrimonial asciende a 504 millones de euros. A pesar de que Estados Unidos representa el 4% de sus ingresos totales, el cese de operaciones constituye un golpe significativo para la petrolera, que incrementó su negocio en Venezuela en el último año al recibir más de tres millones de toneladas de crudo de PDVSA, duplicando sus cifras respecto a 2023.

La medida incluye también un plazo límite: las compañías afectadas deberán liquidar todas sus operaciones en Venezuela antes de finales de mayo de 2025. En el caso particular de Chevron, también afectada por la revocación de permisos, se le otorgó una extensión hasta el 27 de mayo para el desmantelamiento de sus instalaciones.

En Venezuela, la producción petrolera ha continuado a pesar de las sanciones. Durante febrero de 2025, las exportaciones de crudo y combustible alcanzaron los 910,000 barriles diarios, un incremento con respecto a los 867,000 registrados en enero, reflejando el esfuerzo del sector energético por mantener niveles de producción sostenidos.

La revocación de permisos también se desarrolla en un contexto marcado por la imposición de aranceles del 25% por parte de Estados Unidos a todos los países importadores de petróleo y gas venezolano, entre los que se encuentra España.

Las reacciones no se hicieron esperar. Eni confirmó su recepción de la notificación y reveló que ya está en conversaciones con autoridades estadounidenses para buscar acuerdos que permitan la remuneración de los suministros de gas no sancionados. Por otra parte, Trump reiteró sus críticas al régimen venezolano al señalar que no ha mostrado avances en su disposición para aceptar a migrantes venezolanos interceptados en territorio estadounidense.

Dicha decisión agrava las ya deterioradas relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, mientras que coloca a las empresas involucradas en una situación de incertidumbre respecto a su continuidad operativa en el país sudamericano.

En 2024, Repsol duplicó sus importaciones de crudo venezolano hasta superar los tres millones de toneladas al año, consolidándose como uno de los mayores receptores de crudo de PDVSA, a pesar de las sanciones internacionales.