El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció el 24 de marzo de 2025 que se impondrá un arancel del 25% sobre todas las importaciones comerciales provenientes de cualquier país que compre petróleo o gas de Venezuela. La medida entrará en vigor el 2 de abril de 2025 y tiene como objetivo principal ejercer más presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, acusando a su régimen de amenazas contra los Estados Unidos.

Según lo especificado por Trump, este arancel se añadirá a cualquiera de los gravámenes existentes y afectará a un amplio número de economías que mantienen relaciones comerciales con Venezuela. Entre los compradores más relevantes, en 2023 China lideró la adquisición de petróleo venezolano con un 68% de las exportaciones totales de Venezuela, recibiendo 351,000 barriles diarios (bpd) durante 2024. Estados Unidos, si bien mantiene sanciones contra Venezuela, se posicionó como el segundo mayor importador con un promedio de 233,000 bpd en 2024. Asimismo, España, India, Rusia, Singapur y Vietnam figuran también como compradores activos, con España e India adquiriendo cerca de 60,000 bpd y 61,000 bpd respectivamente.

En términos de capacidad productiva, Venezuela alcanzó un promedio de producción de 921,000 bpd en 2024, una cifra que parece mantenerse limitada debido a las dificultades económicas y limitaciones de infraestructura. Más de la mitad de esta producción está destinada a exportaciones a China y Estados Unidos.

En el marco político, Trump ha justificado esta decisión no solo en términos económicos, sino también por acusaciones relacionadas con la seguridad nacional. Según el mandatario, el gobierno de Maduro ha facilitado el ingreso de miembros de la pandilla Tren de Aragua al territorio estadounidense. En respuesta, Estados Unidos designó recientemente a esta organización como grupo terrorista extranjero, y comenzó la deportación de sus presuntos integrantes como parte de una política más amplia contra el régimen.

Por otro lado, el gobierno estadounidense ha realizado excepciones dentro de sus sanciones contra Venezuela. El Departamento del Tesoro extendió la licencia de operación de Chevron hasta el 27 de mayo de 2025, permitiendo cierta actividad empresarial en el país sudamericano a pesar del endurecimiento de la política exterior.

La reacción de Venezuela no se hizo esperar. Nicolás Maduro calificó las nuevas tarifas como “medidas arbitrarias, ilegales y desesperadas”, asegurando que estas acciones están diseñadas para frenar el desarrollo del país. Mientras tanto, analistas han señalado que la implementación efectiva de estas tarifas podría enfrentar desafíos significativos debido a la fungibilidad del petróleo, lo que podría facilitar que los importadores oculten su origen.

El impacto en los mercados no tardó en reflejarse tras el anuncio. Los futuros del petróleo Brent subieron en 61 centavos, alcanzando un precio de $72.77 por barril, mientras que el West Texas Intermediate aumentó 59 centavos, situándose en $68.87 por barril. Se espera que este incremento sea solo el inicio de posibles fluctuaciones mayores si las tarifas son implementadas según lo previsto.

El petróleo es uno de los productos más fungibles del mercado energético, lo que significa que su origen puede ser difícil de rastrear. Esto podría complicar la efectividad de las sanciones dirigidas específicamente a crudo venezolano, dado que los países importadores podrían mezclarlo con crudo de otras fuentes antes de enviarlo a los Estados Unidos.