El 23 de abril de 2025, la Procuraduría General de la Nación, encabezada por Gregorio Eljach, solicitó formalmente a la Corte Constitucional de Colombia que respalde la validez de la reforma pensional propuesta por el Ejecutivo de Gustavo Petro. Esta petición se produce en el marco del estudio de una demanda interpuesta por la congresista Paloma Valencia, quien alega que existieron vicios de forma durante el trámite legislativo de la iniciativa.
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En su intervención ante la Corte, Eljach sostuvo que el proceso en el Congreso no incurrió en irregularidades sustanciales que comprometan la legalidad de la reforma, argumentando que, si bien hubo obstrucción por parte de algunos sectores legislativos, no se configuraron vicios invalidantes para el trámite del proyecto. El Procurador enfatizó que los requisitos formales exigidos por la Constitución Política y la ley se cumplieron íntegramente, calificando cualquier falla observada como "constitucionalmente irrelevante".
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La reforma pensional, cuyo inicio de vigencia está programado para el 1 de julio de 2025, introduce un Sistema de Protección Social Integral para la Vejez conformado por cuatro pilares: solidario, semicontributivo, contributivo y de ahorro voluntario. Se mantienen los requisitos de acceso a pensión establecidos en la normatividad vigente: 1,300 semanas de cotización y edades mínimas de 57 años para mujeres y de 62 años para hombres. El nuevo sistema está diseñado para ampliar la cobertura, garantizando expectativas de prestaciones pensionales para millones de ciudadanos, según resaltó la Procuraduría en su documento dirigido a la Corte.
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En su escrito, la Procuraduría subraya que la reforma ya ha generado impactos sociales y financieros significativos, al modificar la estructura de derechos y obligaciones de futuros pensionados, así como las expectativas legítimas de la población respecto a la protección en la vejez.
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Finalmente, el órgano de control reiteró su deber constitucional de velar por los intereses generales y la defensa de los derechos fundamentales de los colombianos, hechos que, sostiene, respaldan la solicitud de validación del procedimiento legislativo seguido. La decisión definitiva sobre la constitucionalidad de la reforma, y por ende su implementación, dependerá ahora del fallo de la Corte Constitucional, instancia clave en el desarrollo del sistema pensional del país.