La Procuraduría General de la Nación ha formulado cargos disciplinarios contra 16 funcionarios y contratistas de alto perfil de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por presuntas irregularidades registradas durante inspecciones realizadas este año a entidades clave como la Registraduría Nacional del Estado Civil, el 12 de marzo, y la Cancillería, los días 14, 15 y 19 de marzo de 2023.
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Las acusaciones se fundamentan en que los funcionarios presuntamente solicitaron, accedieron y extrajeron información sensible y confidencial de dispositivos institucionales y personales de servidores públicos, excediendo los límites del objeto de las averiguaciones preliminares que les correspondía realizar. Entre los datos que habrían solicitado se encuentra información reservada del censo electoral, además de copias espejo de correos electrónicos, computadores y dispositivos móviles de uso personal.
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Entre los implicados destacan figuras como Francisco Melo Rodríguez, superintendente delegado para la Protección de la Competencia; Mario Alejandro Franco Vanegas, coordinador del Grupo de Trabajo Élite contra Colusiones; y otros funcionarios como Yolanda Hernández Alonso y Martha Liliana Fandiño Vergara. También figuran contratistas como José Miguel Moreno Reina, Mercy Lorena Agámez Rodríguez, Daniela Alvarado Guzmán, Rober Alexis Núñez Barrios, Jéssica Juliana Ortega Velandia, Daniel Leonardo Muñoz Manrique, María José Montejo Pino, Diana Carolina Gómez Ortiz, Juan Pablo Martínez Cortés, Douglas Fernando Moreno Mape, Nohemí Rodríguez Pombo y Karen Vanessa Angulo Sogamoso.
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La Procuraduría catalogó la conducta de los funcionarios como una "falta grave cometida a título de dolo", mientras que determinó que las acciones de los contratistas configuraron una "falta gravísima cometida con dolo". Esto último se atribuye al hecho de que, aunque son contratistas, desempeñaban funciones públicas y, por lo tanto, están sujetos a la ley disciplinaria.
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El organismo de control ha puesto énfasis en determinar si estas irregularidades vulneraron derechos fundamentales de los funcionarios públicos afectados, así como si comprometieron la confidencialidad de información sensible e institucional, como el acceso indebido al censo electoral. La investigación actualmente se encuentra en una etapa clave, con el objetivo de esclarecer los hechos, establecer responsabilidades y aplicar sanciones disciplinarias, si correspondiera.
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El caso ha generado un amplio debate sobre la transparencia en los procedimientos de las entidades gubernamentales, así como la importancia de proteger adecuadamente la información reservada estatal contra accesos y usos no autorizados. La Procuraduría ha manifestado su intención de continuar avanzando en el proceso legal bajo estrictos lineamientos disciplinarios. La solicitud de copias espejo de correos electrónicos, dispositivos personales y datos del censo electoral implicó más de un tipo de acceso, lo que podría haber duplicado la posible afectación sobre la confidencialidad de la información institucional.