La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia acusó formalmente el 12 de febrero de 2025 al congresista Miguel Polo Polo por el delito de hostigamiento agravado en contra del presidente Gustavo Petro y exintegrantes del movimiento M-19. Las acusaciones surgen tras analizar evidencias, principalmente publicaciones realizadas por Polo Polo en redes sociales. En estas, el congresista calificó al M-19 como un “excremento terrorista” y una “porquería de la sociedad”. Asimismo, en uno de sus trinos, añadió la frase “Vida a los soldados, plomo a los guerrilleros”. También se difundieron imágenes de manifestantes quemando un muñeco que representaba a Gustavo Petro, lo cual amplió la gravedad del caso.
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Las autoridades judiciales interpretaron estas declaraciones como actos orientados a incentivar el daño hacia los exmiembros del M-19 basándose en discriminación ideológica, un elemento que agrava la imputación de hostigamiento. Según lo establecido por la Corte Suprema, el congresista habría utilizado redes sociales y otros medios de comunicación para instigar la eliminación simbólica o literal de dichas personas. Esto posiciona su caso en una esfera judicial que no admite recurso de retractación, como sí lo permitirían delitos menores como la injuria.
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Es importante destacar que este no es el primer caso judicial que enfrenta Miguel Polo Polo. Actualmente responde ante la Corte Suprema por otra acusación de injuria en contra del exsenador Gustavo Bolívar, quien es cercano colaborador del presidente Gustavo Petro. En ese caso, Polo Polo señaló a Bolívar de ser el responsable del suicidio de un extrabajador. Sin embargo, allí el congresista tiene la opción de rectificar sus afirmaciones para atenuar posibles sanciones, a diferencia del proceso en curso por hostigamiento, donde se emitirá una sentencia definitiva de culpabilidad o absolución.
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Por su parte, Polo Polo ha calificado la decisión de la Corte como “injusta y política,” argumentando que las acusaciones en su contra se originan de un retuit. Su abogado, Jhonatan Peláez, sostuvo que las interpretaciones de la Corte distorsionan las publicaciones de su cliente y no se ajustan a los requisitos legales para configurar el delito de hostigamiento. No obstante, la Corte enfatizó que la presunta motivación de discriminación ideológica constituye un agravante del caso.
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Si la defensa de Polo Polo no logra revertir este proceso mediante apelaciones, el caso será remitido a la Sala de Primera Instancia, que se encargará de emitir un fallo definitivo. De esta manera, la Corte Suprema se aproxima a esclarecer uno de los casos más controvertidos que involucran a un funcionario público en los últimos años, bajo acusaciones vinculadas a la violación de derechos fundamentales. Este es el segundo caso penal que procesa la Corte Suprema en contra de Miguel Polo Polo en menos de un año, situación que genera debate sobre los límites en el uso de las plataformas digitales por figuras públicas.