El hallazgo del cuerpo de Ronald Ojeda, un exoficial del ejército venezolano y disidente político, enterrado bajo concreto en Santiago de Chile, ha reavivado los temores sobre las tácticas extremas que el gobierno de Nicolás Maduro estaría dispuesto a emplear para silenciar a sus opositores. Las autoridades chilenas han señalado que la evidencia apunta a que el gobierno venezolano ordenó el asesinato, lo que representaría una escalada preocupante en los esfuerzos de Maduro por mantener su control sobre Venezuela.

‍

En la madrugada del 21 de febrero de 2024, tres hombres vestidos como policías chilenos irrumpieron en el apartamento de Ronald Ojeda, un exmilitar venezolano de 32 años que vivía en Santiago bajo asilo político. Los intrusos, que según la esposa de Ojeda tenían acento venezolano, lo arrastraron frente a su familia y lo llevaron consigo. Nueve días después, su cuerpo fue encontrado en una maleta enterrada bajo casi metro y medio de concreto, cubierto con cal viva para acelerar su descomposición.

‍

Ojeda, quien había intentado organizar complots contra el gobierno de Maduro, había sido públicamente señalado como "traidor" por el régimen venezolano semanas antes de su secuestro. Las autoridades chilenas han vinculado el crimen al Tren de Aragua, un grupo criminal venezolano, y han sugerido que el gobierno de Maduro habría ordenado el asesinato.

‍

El caso de Ojeda ha generado una ola de temor entre los disidentes venezolanos en el exilio, muchos de los cuales ahora temen por sus vidas. Zair Mundaray, un exfiscal venezolano que huyó de Colombia tras recibir amenazas, describió el asesinato como un "punto de inflexión" para la comunidad opositora. "Todo el mundo está aterrorizado. Nadie dice dónde está, cómo se refugió, a qué país llegó", afirmó.

‍

Las autoridades chilenas han acusado a 19 personas por su participación en el asesinato, incluyendo miembros del Tren de Aragua. Según documentos judiciales, los investigadores creen que agentes de contrainteligencia venezolanos operaron desde la embajada de Venezuela en Santiago para coordinar el crimen. Carolina Tohá, ministra del Interior de Chile, declaró que tres testigos han implicado directamente al gobierno venezolano, señalando al viceministro del Interior, Diosdado Cabello, como el presunto autor intelectual del asesinato.

‍

El gobierno de Maduro ha negado categóricamente cualquier participación en el crimen. Cabello ha ridiculizado las acusaciones, afirmando que Venezuela no tiene la capacidad para llevar a cabo un operativo de tal magnitud. Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela, ha calificado el caso como una "operación de falsa bandera" orquestada por el Estado chileno.

‍

Las tensiones entre Chile y Venezuela han escalado desde que las acusaciones salieron a la luz. Venezuela ordenó el cierre de los consulados chilenos en su territorio y suspendió las relaciones diplomáticas entre ambos países. El presidente chileno, Gabriel Boric, ha advertido que si se demuestra la participación venezolana, sería "una violación de nuestra soberanía y de los derechos humanos".

‍

El asesinato de Ojeda ocurre en un momento en que el gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, ha iniciado un diálogo con Maduro. Richard Grenell, enviado especial de Trump, se reunió recientemente con el líder venezolano en Caracas, lo que ha generado críticas entre quienes consideran que cualquier acercamiento legitima a un régimen acusado de violaciones sistemáticas de derechos humanos.

‍

Además, el gobierno de Trump ha anunciado planes para deportar a cientos de venezolanos indocumentados, muchos de los cuales podrían enfrentar persecución o incluso la muerte al regresar a su país. Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU., ha advertido que deportar a venezolanos bajo el gobierno de Maduro equivaldría a una "sentencia de muerte".

‍

Expertos y exfuncionarios venezolanos han señalado que el gobierno de Maduro ha utilizado durante años una red de agentes, bandas criminales y grupos guerrilleros aliados para perseguir a disidentes en el exterior. En 2021, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), un grupo guerrillero colombiano, secuestró a Franklin Caldera, un exteniente venezolano que se escondía en Colombia, y lo llevó a Venezuela, donde fue torturado y encarcelado.

‍

El caso de Ojeda sigue un patrón similar. Según testigos, el exmilitar había viajado a la frontera colombiana para planear un levantamiento contra Maduro cuando el ELN capturó a uno de sus compañeros, Anyelo Heredia. Ojeda logró escapar, pero su nombre apareció en una lista de "traidores" publicada por el gobierno venezolano semanas antes de su asesinato.

‍

El asesinato de Ronald Ojeda ha dejado una profunda huella en la comunidad de exiliados venezolanos. Para muchos, su muerte es un recordatorio sombrío de los riesgos que enfrentan al oponerse al régimen de Maduro. Pablo Parada, un disidente cercano a Ojeda, ahora vive escondido tras ser perseguido por hombres misteriosos en Colombia. "No es fácil saber que te están buscando para matarte", dijo Parada. "No es fácil saber que, en cualquier momento, yo podría sufrir el destino que sufrió Ronald".

‍

Mientras tanto, las imágenes del secuestro de Ojeda, captadas por cámaras de seguridad, han circulado ampliamente, sirviendo como un escalofriante recordatorio de la brutalidad del régimen venezolano y de los límites a los que está dispuesto a llegar para mantener su poder.