Jose Antonio Ibarra, de 26 años y de origen venezolano, fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de Laken Riley, una estudiante de enfermería de 22 años de Augusta University. Riley fue brutalmente atacada mientras corría por el campus de la Universidad de Georgia el 22 de febrero de 2024.
El ataque ocurrió a las 09:11 a.m., momento en que Riley pudo hacer una llamada de emergencia al 911. Sin embargo, su smartwatch mostró que su corazón dejó de latir a las 09:28 a.m. La evidencia forense fue esencial en el caso, encontrándose ADN de Ibarra bajo las uñas de Riley y en una chaqueta desechada en un basurero, lo que contenía el ADN de ambos.
Durante el juicio, que comenzó el 17 de noviembre de 2024 y fue presidido por el juez H. Patrick Haggard, Ibarra renunció a su derecho a un juicio por jurado. Más de una docena de testigos fueron presentados por la fiscalía, y el 20 de noviembre de 2024, Ibarra fue declarado culpable de todos los cargos, incluyendo un cargo de asesinato con malicia, tres cargos de asesinato en segundo grado, y un cargo de asalto agravado con intención de violar, entre otros.
El veredicto y la sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional responden a la solicitud de los fiscales, quienes destacaron la gravedad del asesinato y la intención de violación. En total, Ibarra fue condenado por 10 cargos diferentes.
El caso de Laken Riley generó un intenso debate político, especialmente en el contexto de la campaña presidencial de 2024. El expresidente Donald Trump y otros republicanos utilizaron el caso para criticar las políticas de inmigración del presidente Joe Biden, afirmando que estas permitieron que Ibarra permaneciera en el país a pesar de su situación de inmigración indocumentada.
La defensa de Ibarra intentó argumentar que la evidencia presentada era circunstancial y no probaba más allá de una duda razonable su culpabilidad. No obstante, los datos de localización de teléfonos celulares y el smartwatch de Riley ubicaron a ambos en el mismo lugar durante el tiempo de la agresión, lo que apuntaló la versión de la fiscalía.
La reacción ante la sentencia ha sido mixta, con una notable polarización debido al contexto del debate sobre la inmigración en Estados Unidos. La familia de Riley expresó su dolor y pidió la máxima pena para Ibarra, destacando el devastador impacto de su muerte en sus vidas.
La sentencia de Ibarra a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional marca un desenlace judicial para un caso que ha capturado la atención del país y puesto en el centro del debate las políticas de inmigración.