El arancel del 35% impuesto por el Gobierno colombiano sobre la importación de alambrón de hierro y acero provenientes de países como China, Turquía y Rusia, pretende proteger la industria siderúrgica nacional. Este gravamen, que sextuplica el precio de entrada de estos productos al país, es una respuesta directa a las prácticas de dumping, donde los productos se venden por debajo de su costo real, afectando negativamente a los productores locales.
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El economista Daniel Rey justificó la medida señalando que "esta acción busca corregir distorsiones en el mercado provocadas por subsidios del gobierno chino a sus empresas". La industria siderúrgica nacional ha acogido favorablemente esta política, con la esperanza de aumentar su competitividad y proteger empleos locales.
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Sin embargo, la implementación de este arancel ha generado preocupación en el sector de la construcción, que constituye entre el 6% y 7% del PIB colombiano y emplea a aproximadamente 1,3 millones de personas. Guillermo Herrera, presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), alertó que "los incrementos en los costos podrían inviabilizar proyectos de vivienda de interés social", afectando negativamente el acceso a vivienda para sectores más vulnerables de la población.
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En paralelo, se ha establecido un arancel del 14% para la importación de barra corrugada de acero de Bolivia, Ecuador y Perú. Sin embargo, las primeras 29,000 toneladas de estos productos estarán exentas de este gravamen, una exención basada en el promedio de comercio de los últimos tres años, buscando minimizar el impacto inicial sobre el comercio regional.
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Esta medida se enmarca en un contexto de proteccionismo creciente a nivel internacional. Países de América Latina han adoptado aranceles similares, con un promedio del 30% en la región, lo que coloca a Colombia en un marco competitivo en comparación con sus vecinos. La estrategia del gobierno colombiano sigue así una tendencia global destinada a fortalecer las industrias locales frente a la competencia externa.
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En resumen, mientras la medida busca proteger y revitalizar la industria siderúrgica nacional y corregir distorsiones de mercado, también plantea desafíos significativos para sectores como la construcción, que advierten sobre posibles aumentos en los costos de obra y dificultades en la viabilidad de proyectos fundamentales para el desarrollo social.