La Universidad de Harvard inició un litigio en respuesta a la decisión del gobierno encabezado por Donald Trump de congelar $2.2 mil millones en subvenciones federales, recursos orientados principalmente al apoyo de la investigación científica y médica, y la amenaza de recortes adicionales que podrían totalizar hasta $9 mil millones en fondos federales. La notificación de la congelación fue acompañada por requerimientos administrativos del gobierno, entre los que figuran auditorías obligatorias sobre opiniones estudiantiles, la exclusión de estudiantes internacionales catalogados como “hostiles a los valores e instituciones estadounidenses”, y la imposición de un supervisor externo encargado de garantizar supuestos estándares de diversidad en la enseñanza universitaria.
‍

‍
El gobierno señaló que estas medidas responden, en parte, a preocupaciones sobre la gestión del antisemitismo en los campus universitarios. Sin embargo, en su demanda presentada en el tribunal federal de Massachusetts, Harvard sostiene que la administración federal no ha seguido los procedimientos que establece el Título VI de la Ley de Derechos Civiles y argumenta además que la congelación de recursos carece de justificación legal y violenta la Primera Enmienda junto a otras leyes federales.
‍

‍
El presidente de la universidad, Alan Garber, aseguró públicamente que Harvard rechaza ceder ante las presiones oficiales relativas a los contenidos académicos, los criterios de admisión y contratación, y los campos del conocimiento favorecidos, remarcando que tal intervención atenta contra la autonomía universitaria. Según Garber, el corte de fondos pone en riesgo la continuidad de proyectos cruciales para la salud pública e innovación científica en Estados Unidos.
‍

‍
La disputa judicial se da en un clima ya tenso entre el gobierno central y otras instituciones académicas de élite, tras señalamientos federales por supuestas deficiencias en el enfrentamiento del antisemitismo dentro del entorno universitario. No obstante, Harvard es la primera institución de este perfil en llevar a tribunales la respuesta institucional.
‍

‍
Además de la demanda, la universidad confirmó estar bajo investigación de varias dependencias federales, entre ellas el Departamento de Educación y el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Harvard argumenta que los fondos congelados son sustanciales para su capacidad de innovación e investigación médica, sectores fundamentales para el desarrollo académico y científico nacional.
‍

‍
El caso, que avanza en el tribunal federal en Massachusetts, plantea interrogantes relevantes en materia de libertad académica y sobre los límites de la intervención federal en instituciones educativas privadas, así como la distribución y control de los fondos para la educación superior y la investigación en Estados Unidos.