The Metals Company (TMC), una firma minera canadiense, busca obtener permisos directamente del gobierno de los Estados Unidos para iniciar la explotación de depósitos minerales en aguas internacionales, específicamente en la zona Clarion-Clipperton del Océano Pacífico. Este territorio es considerado una de las áreas con mayores concentraciones de nódulos polimetálicos, que contienen recursos cruciales como níquel y cobalto. TMC asegura que dicha región dispone de suficientes recursos para abastecer materiales esenciales para la fabricación de hasta 280 millones de vehículos eléctricos, cifra equivalente al número de automóviles de pasajeros registrados actualmente en Estados Unidos.

Sin embargo, la decisión de actuar de forma independiente ha generado una reacción internacional considerable. Más de 30 gobiernos han solicitado una moratoria que detenga cualquier actividad minera en aguas profundas hasta obtener más datos sobre los impactos ambientales. Simultáneamente, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA), el organismo de la ONU encargado de supervisar la minería en aguas internacionales y que cuenta con 169 Estados miembros y la Unión Europea, expresó su preocupación, calificando esta decisión como una ruptura del derecho internacional. La ISA lleva más de una década trabajando para crear un código global de minería, pero TMC parece haberse adelantado al proceso al invocar regulaciones recogidas en el código de minería de fondos marinos de EE. UU. de 1980, en lugar de esperar las disposiciones finales de la ISA.

Desde el punto de vista científico, las preocupaciones sobre el impacto ambiental son significativas. Expertos advierten que la minería en el fondo marino podría llevar a la pérdida irreversible de biodiversidad, un riesgo que no puede subestimarse. Leticia Carvalho, secretaria general de la ISA, subrayó que cualquier actividad de exploración o explotación debe estar estrictamente regulada para proteger los ecosistemas marinos.

TMC, por su parte, respalda su postura destacando la inversión previa de más de 500 millones de dólares en exploración y evaluación del fondo marino durante los últimos diez años. Sin embargo, organizaciones como Greenpeace y otras agrupaciones internacionales critican esta iniciativa como un ataque a la cooperación internacional y acusan a TMC de actuar sin considerar las posibles consecuencias ambientales y sociales. Además, advierten que estas acciones podrían derivar en conflictos internacionales y un daño ambiental sin precedentes.

Cabe resaltar que la minería en aguas profundas es un tema que ha estado en debate global durante años, pues la creciente demanda de metales para tecnologías avanzadas —como las baterías de vehículos eléctricos— ha impulsado un renovado interés en explotar los recursos marinos.

A pesar de esta presión, la ISA ya ha indicado que no aprobará ningún tipo de solicitud minera hasta que se definan los reglamentos correspondientes, un proceso que podría demorar años. No obstante, las acciones de TMC —que parecen desmarcarse de los estándares internacionales— han intensificado las tensiones en la comunidad global, enfrentando el desafío moral y político de equilibrar las necesidades económicas y tecnológicas con la conservación ambiental.

La región Clarion-Clipperton, donde TMC planea operar, alberga una de las mayores biodiversidades del fondo marino, con miles de especies que aún no han sido clasificadas por la ciencia. Se teme que la minería en esta área pueda amenazar estas comunidades únicas antes de que puedan ser completamente estudiadas.