El presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó el pasado 11 de marzo de 2025 su decisión de convocar a una consulta popular, a través de la cual la ciudadanía pueda decidir sobre el futuro de las reformas laboral y de salud. Este anuncio vino como reacción directa al llamado “bloqueo institucional” por parte del Congreso, que ha detenido el curso de estas propuestas clave del gobierno.
‍

‍
La decisión de Petro surge poco después de que la reforma laboral sufriera un revés significativo en la Comisión Séptima del Senado. De los catorce senadores que integran la comisión, ocho presentaron una ponencia para archivar el proyecto de ley, marcando así su hundimiento virtual. Este acto provocó fuertes críticas por parte del mandatario, quien calificó la medida como una traición al pueblo trabajador.
‍

‍
La reforma laboral tenía como objetivo mejorar las condiciones de los trabajadores, pero desde su introducción enfrentó obstáculos legislativos y fuertes divisiones políticas. De manera similar, la reforma al sistema de salud en Colombia también ha sido objeto de críticas y resistencia dentro del Congreso. Ambas iniciativas son piezas centrales en la agenda política del presidente Petro.
‍

‍
El proceso para llevar a cabo la consulta popular debe cumplir con los procedimientos legales establecidos bajo la normativa colombiana. Según explicó el presidente, la consulta será ordenada por el Senado, pero no desde una comisión específica, como la Séptima. En su lugar, el asunto será trasladado a la Plenaria del Senado, donde se espera una decisión favorable para avanzar con la convocatoria.

La consulta popular busca que los colombianos expresen su aprobación o rechazo hacia estas reformas, una medida que Petro considera crucial para sortear los bloqueos en el Congreso. "Que sea el pueblo el que decida", enfatizó el presidente en su declaración oficial.
‍

‍
El trasfondo de esta convocatoria pone en evidencia las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Petro criticó con dureza a los senadores que han bloqueado las reformas, señalando que estas acciones socavan el diálogo y comprometen la relación entre ambas ramas del poder público. La consulta popular representa un intento del gobierno para reclamar legitimidad y respaldarse directamente en la soberanía del pueblo.
‍

‍
Estas reformas, aunque polémicas, son percibidas por el mandatario como iniciativas esenciales para garantizar derechos sociales en Colombia. La consulta se perfila como un momento clave en el panorama político del país, y su resultado tendrá implicaciones duraderas tanto en la política nacional como en las reformas estructurales propuestas por el actual gobierno.

Es la primera vez en su mandato que el presidente Gustavo Petro recurre a la figura jurídica de la consulta popular como mecanismo directo de participación para resolver bloqueos legislativos en su agenda reformista.