El gobierno ruso, bajo la administración del presidente Vladimir Putin, ha intensificado sus esfuerzos para tomar el control de importantes activos económicos en el contexto de la guerra en Ucrania. Los tribunales rusos han llevado a cabo más de 200 sentencias de confiscación de empresas privadas desde la invasión a Ucrania en 2022, incluidas empresas cuyos propietarios no son extranjeros, marcando un cambio significativo en la política económica del Kremlin.
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Uno de los casos más destacados recientes es la disputa por el aeropuerto internacional de Domodedovo, el segundo más grande de Moscú, que en 2022 gestionó un volumen de pasajeros similar al del Aeropuerto Internacional Newark Liberty. Dmitry Kamenshchik, su propietario mayoritario, enfrenta la incautación de sus activos tras ser acusado por los fiscales de incumplir leyes estratégicas y por presuntamente transferir ganancias de más de 180 millones de dólares entre 2021 y 2023 fuera de Rusia. Los fiscales también señalaron la ciudadanía extranjera de Kamenshchik –en Emiratos Árabes Unidos y Turquía– como motivo para clasificar al aeropuerto como un activo estratégico bajo gestión inadecuada. El tribunal ha congelado los activos del empresario y su socio, aunque no se conocen detalles sobre su paradero. El aeropuerto de Domodedovo ha resistido múltiples intentos de incautación desde hace dos décadas. En 2011, Arkady Rotenberg, amigo de infancia de Putin, fue vinculado a rumores sobre su interés en adquirir el aeropuerto. Sin embargo, la guerra en Ucrania parece haber facilitado la determinación del gobierno para tomar el control.
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La nacionalización también ha alcanzado otros sectores clave de la economía rusa. La empresa Raven Rusia, el mayor propietario de almacenes del país, valorada en 1.000 millones de dólares, pasó a manos del Estado bajo acusaciones de no cumplir con permisos estratégicos requeridos para sus terminales logísticas. Raven Rusia rechazó la medida como “ilegal e infundada” y se comprometió a apelar, aunque el tribunal ya avaló la incautación argumentando la residencia extranjera del propietario.
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Por su parte, en la ciudad sureña de Rostov del Don, la exportadora de cereales Rodnye Polya, con ingresos estimados en 3.000 millones de dólares en 2023, fue confiscada por razones similares. Pyotr Khodykin, su propietario, tiene residencia en Emiratos Árabes Unidos, lo que llevó a las autoridades a declarar como estratégica la operación de la empresa, que incluye 17 barcos, cientos de trenes de carga y la gestión de un puerto en el mar de Azov. Los problemas para la compañía comenzaron meses atrás, cuando la supervisión agrícola rusa bloqueó el 80 % de sus exportaciones. El empresario calificó la decisión como “política” al rechazar la sentencia judicial.

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Las expropiaciones actuales no solo afectan a empresarios extranjeros sino también a propietarios rusos, reflejando la estrategia del Kremlin de centralizar sectores clave de la economía. La implementación de controles de precios y el uso de empresas nacionalizadas para apoyar el esfuerzo bélico son algunos de los beneficios que el gobierno busca alcanzar con estas medidas. Sin embargo, analistas y expertos, como Alexandra Prokopenko del Centro Carnegie Rusia Eurasia, señalan que estas prácticas socavan aún más el estado de derecho en Rusia.

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El Centro de Políticas Europeas ha destacado este proceso como la mayor redistribución de propiedad en el país desde la década de 1990. Estas acciones también colocan en entredicho el interés que Moscú mostró recientemente durante conversaciones para atraer de nuevo a las empresas occidentales que abandonaron el país tras la invasión a Ucrania. Aunque Putin ha dispuesto la elaboración de reglas para el retorno de estas empresas, ha dejado claro que serán priorizadas las empresas rusas como un medio para "compensar" las sanciones occidentales.

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La ofensiva del Kremlin evidencia un cambio de rumbo desde el modelo capitalista instaurado con la caída del comunismo en los años 1990 hacia una creciente estatización. Este panorama plantea graves dudas para inversores extranjeros y rusos. Empresarios como Khodykin han advertido de los riesgos de invertir en un país donde cualquier activo puede ser expropiado arbitrariamente, argumentando que esto genera incertidumbre generalizada entre los sectores comerciales.