En un movimiento significativo contra el poder de las grandes empresas tecnológicas, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reiteró el pasado viernes su exigencia de desmantelar a Google. La medida, presentada ante el juez Amit P. Mehta del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, tiene como propósito abordar el monopolio que, de acuerdo al gobierno, Google ha mantenido ilegalmente en el mercado de las búsquedas en línea a través de prácticas como el pago a navegadores web y fabricantes de teléfonos inteligentes para garantizar su posición como motor de búsqueda predeterminado.

El caso tiene sus raíces en un fallo histórico del juez Mehta de agosto del año pasado, donde se concluyó que Google había infringido las leyes antimonopolio. Entre las propuestas presentadas por el gobierno durante la administración Biden, y ahora respaldadas por la administración Trump, se incluyen la venta del navegador Chrome así como restricciones que impidan a Google realizar pagos a socios como Apple y Mozilla para aparecer como buscador predeterminado. Estas medidas buscan nivelar el campo de juego para otros motores de búsqueda.

En 2021, Google gastó 26.300 millones de dólares en acuerdos que le garantizaron su predominancia en navegadores y dispositivos móviles, según evidencia presentada en un juicio de 10 semanas llevado a cabo en 2023. Aunque la compañía ha defendido sus acuerdos como legales y basados en la preferencia de los consumidores hacia su tecnología, el gobierno argumenta que estas prácticas limitan la competencia y han causado un impacto negativo en el mercado y en los consumidores.

La administración Trump ha adoptado las solicitudes radicales del Departamento de Justicia que buscan cambiar el modelo de negocio de Google. Además de la venta de Chrome, se contempla la notificación obligatoria a reguladores antes de realizar inversiones en inteligencia artificial y la posibilidad de exigir que Google ceda sus participaciones en tecnología de IA que compita con el sector de búsqueda. También se plantean medidas sobre Android, incluyendo la eliminación de opciones que permitan a Google seguir siendo dueño del sistema operativo sin promover más competencia.

Por su parte, Google propuso soluciones alternativas, como permitir que los fabricantes de navegadores cambien a otros motores de búsqueda predeterminados cada 12 meses, pero insiste en que sus acuerdos de pago para obtener ubicaciones privilegiadas deberían continuar, siendo menos restrictivos en comparación a versiones previas. La compañía, cuya matriz Alphabet está valorada en aproximadamente 2 billones de dólares, considera que las soluciones planteadas por el gobierno perjudicarían a los consumidores y la economía nacional.

El juez Mehta tiene programada una audiencia de casi dos semanas en abril. En esta sesión se evaluarán los argumentos finales de ambas partes, así como las medidas específicas que podrían tomar para resolver el caso.

Este caso no es el único en el que la administración estadounidense actual y pasada ha puesto bajo escrutinio a los gigantes tecnológicos. Existen demandas contra Google relacionadas con su dominio en la tecnología publicitaria y casos dirigidos hacia otras grandes compañías como Amazon, Apple y Meta. Por ejemplo, la Comisión Federal de Comercio (FTC) llevará a juicio en abril un caso contra Meta que alega que la empresa eliminó ilegalmente la competencia al adquirir Instagram y WhatsApp.

El Departamento de Justicia también busca que el caso contra Apple, por las limitaciones que su sistema integrado impone a los consumidores, avance. Las agencias reguladoras y sus líderes, incluidos Andrew Ferguson y Gail Slater, han mostrado preocupación por el impacto de estas empresas en la economía, el flujo de información y, más ampliamente, en el discurso en línea.

La cultura y la estrategia regulatoria tecnológica están en un momento de agitación, con los gigantes de la industria tecnológica observando de cerca los nombramientos clave en agencias federales que definirán el futuro de estas demandas y su posicionamiento global.

Se espera que el resultado de este caso marque un precedente importante, siendo la batalla antimonopolio tecnológica más relevante desde el intento de dividir a Microsoft en el año 2000.

El último caso antimonopolio de esta magnitud antes del juicio contra Google se presentó hace más de dos décadas cuando el Departamento de Justicia buscó dividir a Microsoft por motivos similares. La resolución de ese caso terminó en un acuerdo, pero marcó profundamente la regulación tecnológica futura.