El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, anunció la ley marcial de emergencia en un discurso televisado el 3 de diciembre de 2024, alegando que la oposición, liderada por el Partido Democrático, estaba paralizando el gobierno y simpatizando con Corea del Norte. Es la primera vez que se declara la ley marcial en el país desde 1980.
La ley marcial concede amplios poderes a las fuerzas militares y cuerpos policiales para mantener el orden público, permitiéndoles realizar arrestos sin supervisión de organismos judiciales. Este estado excepcional suele implicar la restricción o suspensión de ciertos derechos ciudadanos, además de imponer sanciones más estrictas por infracciones en comparación con las normas aplicadas en circunstancias habituales.
La decisión del presidente Yoon se produjo tras la aprobación de un proyecto de ley de presupuesto reducido y mociones de destitución contra altos funcionarios presentadas por el Partido Democrático, que controla el Parlamento. Según la ley marcial decretada, se prohíben todas las actividades políticas, incluyendo las de la Asamblea Nacional, se controlan todos los medios de comunicación y se prohíben manifestaciones, huelgas y cualquier acto que pueda incitar al caos social. Además, permite arrestos sin orden judicial para quienes violen las disposiciones.
En respuesta, la Asamblea Nacional celebró una sesión de emergencia donde 190 de los 300 miembros presentes votaron para levantar la ley marcial. Sin embargo, el presidente de la Asamblea, Woo Won-sik, declaró esta votación como "nula y sin efecto". A pesar de esta iniciativa parlamentaria, el ejército anunció que mantendría la ley marcial hasta que el presidente decidiera su levantamiento.
Este acto ha exacerbado las tensiones políticas en Corea del Sur. La popularidad de Yoon Suk-yeol ha caído a niveles críticos, con índices de aprobación alrededor del 20%, debido a diversos escándalos y la falta de avances en políticas sociales y económicas. Por su parte, el Partido Democrático calificó la ley marcial como un intento de golpe de estado. "La declaración de ley marcial es ilegal e inconstitucional", afirmó su líder, Lee Jae-myung.
Las calles de Seúl no permanecieron en silencio ante la crisis. Miles de personas se congregaron frente al Parlamento, manifestándose contra la declaración de ley marcial y exigiendo su retirada. Se reportaron enfrentamientos entre manifestantes y la policía encargada de controlar la situación. Curiosamente, apenas unas horas después de la votación en la Asamblea Nacional, las tropas que habían ingresado al edificio comenzaron a retirarse.
El impacto de la ley marcial también se sintió en el ámbito financiero, con una caída significativa del won surcoreano frente al dólar. Ante esta situación, el ministro de Finanzas convocó una reunión de emergencia para tratar la crisis económica resultante.
La última vez que se declaró la ley marcial en Corea del Sur fue en 1980, un evento que todavía resuena en la memoria colectiva del país. La actual declaración ha creado una crisis política de magnitudes similares, poniendo a prueba la estabilidad democrática de Corea del Sur.