Colombia ha ganado un significativo pleito internacional relacionado con el caso Meritage, celebrado en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). El fallo fue emitido a favor de la nación sudamericana, rechazando una reclamación de 300 millones de dólares interpuesta por el inversionista Ángel Samuel Seda, lo que equivale a más de un billón de pesos colombianos, según la tasa de cambio actual.
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El Estado colombiano fue notificado de esta resolución en el arbitraje contra un grupo de inversionistas estadounidenses encabezados por Ángel Seda, quienes solicitaban una compensación de 300 millones de dólares debido a la pérdida de un lujoso complejo inmobiliario, el proyecto Meritage, el cual quedó inconcluso en el corredor vial que conecta Medellín con Rionegro. El desarrollo del proyecto se vio truncado cuando la Fiscalía de Colombia confiscó el terreno en 2016 como parte de una investigación de extinción de dominio.
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La defensa del Estado colombiano fue efectiva al argumentar la excepción de seguridad esencial, la cual fue acogida por el tribunal arbitral. Esta excepción permitió que se desestimaran todas las reclamaciones de Seda y sus socios, quienes alegaban una violación del Tratado de Promoción Comercial entre Colombia y Estados Unidos.
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El ministro de Justicia, Néstor Osuna, celebró la resolución, calificándola como un triunfo trascendental en la lucha contra el lavado de activos y un respaldo a la actuación de las autoridades judiciales colombianas en el caso Meritage. "Este es un hito importante en la lucha contra el lavado de activos", afirmó Osuna.
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Este fallo internacional evita que Colombia tenga que desembolsar la cuantiosa suma reclamada por los inversionistas estadounidenses, representando un alivio financiero importante para el país y consolidando su posición en la protección de sus intereses soberanos y legales en arbitrajes internacionales.
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La decisión del Ciadi se ha convertido en un acontecimiento significativo en la historia del arbitraje internacional, marcando la primera vez que un tribunal de este tipo respalda la excepción de seguridad esencial de un Estado en detrimento de las demandas de inversionistas privados.