El Consejo de Estado, bajo la ponencia del magistrado César Palomino Cortés, ha desestimado las acusaciones del demandante Carlos Mario Patiño, que solicitaban la pérdida de investidura para ocho congresistas, la mayoría del Centro Democrático. Estos congresistas se vieron envueltos en la "donatón" organizada por la Gobernación de Antioquia para financiar proyectos viales de cuarta generación, también conocidos como 4G.

Carlos Mario Patiño argumentó que la donación constituía un contrato a título gratuito, violando la prohibición que tienen los legisladores de celebrar contratos con entidades u organismos estatales. Sin embargo, el Consejo de Estado determinó que un contrato no se configuró debido a la falta de consentimiento explícito por parte de los legisladores y que no se encontraron pruebas de que intervinieran directa o indirectamente en la celebración del supuesto contrato.

Los congresistas que continuarán en su cargo son: Miguel Uribe Turbay, Paloma Susana Valencia Laserna, Esteban Quintero Cardona, Andrés Felipe Guerra Hoyos, Paola Andrea Holguín Moreno, María Fernanda Cabal Molina, Juan Fernando Espinal Ramírez, Hernán Darío Cadavid Márquez, John Jairo Berrio López y Julián Peinado Ramírez, todos elegidos para el periodo constitucional 2022-2026.

A pesar de que los congresistas conservaron su cargo, la recaudación para financiar las vías 4G en Antioquia ha estado rodeada de controversias. En marzo, se denunció que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo contribuyeron a la colecta, lo que llevó al presidente Gustavo Petro a solicitar su suspensión. A pesar de la solicitud de suspensión, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, defendió el recaudo que, hasta el 27 de mayo, había alcanzado 5.430 millones de pesos, muy lejos del billón inicialmente solicitado para completar los proyectos 4G.

La decisión del Consejo de Estado y la controversia en torno a la donatón subrayan las tensiones y desafíos enfrentados en la financiación de grandes proyectos viales en Colombia. Los involucrados han negado rotundamente cualquier implicación indebida o violación de las prohibiciones legales a las que están sujetos como legisladores.