El 26 de junio de 2024, Bolivia se enfrentó a un intento de golpe de estado cuando tropas del ejército tomaron el control de La Paz, la capital del país. Armados con vehículos blindados, los soldados se desplegaron en la Plaza Murillo y forzaron su entrada en el antiguo palacio de gobierno, intentando derrocar al presidente democráticamente electo, Luis Arce.
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En respuesta, el presidente Arce urgió a la ciudadanía a movilizarse para defender la democracia y denunció la participación de los militares en este intento de golpe. "Hago un llamado a todos los bolivianos para que defendamos juntos nuestra democracia", declaró Arce, subrayando la gravedad de la situación.

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La reacción del gobierno no se hizo esperar. El comandante general del ejército, Juan Jose Zuniga, fue destituido inmediatamente de su cargo. Vicepresidente David Choquehuanca y el expresidente Evo Morales también se sumaron a la condena del intento de golpe, llamando a la población a resistir y oponerse a las acciones ilegales del ejército.
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La situación en La Paz, inicialmente caótica, comenzó a calmarse cuando los soldados empezaron a retirarse de los alrededores del palacio presidencial. Sin embargo, la tensión se mantuvo alta mientras líderes internacionales, incluidos presidentes de varios países latinoamericanos y organismos internacionales, expresaban su alarma y condenaban el intento de golpe de estado como una violación flagrante de la legalidad democrática en Bolivia.

El portavoz de las Naciones Unidas, junto con la Organización de los Estados Americanos, llamó a la calma y al respeto del gobierno electo, enfatizando la importancia de mantener la estabilidad democrática en la región.
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Este suceso resuena especialmente en el país, dado el antecedente del golpe de estado en 2019. Líderes y ciudadanos temen un regreso a los días de inestabilidad política y social. Al cerrarse la jornada, la situación en La Paz seguía siendo tensa, con reportes de movilizaciones ciudadanas en apoyo al gobierno y en defensa de la democracia. Este intento de golpe de estado en Bolivia ocurre casi exactamente cinco años después del controversial golpe de 2019, que también sacudió al país y dejó profundas divisiones políticas y sociales.