La región del Catatumbo, en Colombia, vive una crisis humanitaria sin precedentes. Más de 20,000 personas han sido desplazadas de sus hogares debido a la violencia entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC. Esta lucha armada tiene como objetivo el control de más de 5,000 hectáreas de cultivos de coca, lo que ha desencadenado una ola de violencia que ha dejado un saldo de más de 80 muertos.

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La magnitud de la crisis ha sobrepasado la capacidad de las morgues en la región. El hospital Erasmo Meoz en Cúcuta, con capacidad para 13 cuerpos, actualmente alberga más de 20 cadáveres. En Ocaña, se ha registrado la llegada de más de 30 cadáveres en los últimos dos días, colapsando una morgue diseñada para 15 cuerpos. Ante esta situación, las autoridades han declarado una alerta debido a la incapacidad de manejar el número de fallecidos.

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La violencia no solo afecta a la población civil. Los excombatientes de las FARC que firmaron el acuerdo de paz también están siendo perseguidos. Hasta el momento, cerca de 620 de ellos han tenido que huir nuevamente y más de 10 han sido asesinados. Esta persecución ha incrementado la crisis humanitaria en el Catatumbo.

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La respuesta de la comunidad ha sido notable. En Cúcuta, los taxistas se han organizado para ayudar a trasladar a las familias desplazadas, demostrando una solidaridad encomiable en medio de la adversidad.

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Catorce poblaciones permanecen confinadas debido a la violencia. Los habitantes de municipios como Teorama, El Tarra, San Calixto, Convención y Tibú son los más afectados, enfrentando el confinamiento y la falta de suministros básicos. La población exige una mayor presencia estatal y una respuesta integral que incluya mejoras en educación y salud para enfrentar esta situación crítica.

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La guerra por el control de los cultivos de coca y la falta de una intervención estatal efectiva continúan afectando gravemente a la población civil del Catatumbo, que sigue huyendo en busca de seguridad.