En un controvertido fallo, un tribunal en Petushki, Rusia, condenó el 17 de enero de 2025 a tres abogados defensores de Alexei Navalny a penas de prisión por transmitir mensajes del líder opositor desde la prisión al mundo exterior. Vadim Kobzev, Alexei Liptser e Igor Sergunin recibieron condenas de 5 años y medio, 5 años y 3 años y medio de prisión, respectivamente. Las autoridades judiciales los encontraron culpables de participar en una "organización extremista".
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Kobzev, Liptser y Sergunin figuraban como casi los únicos visitantes de Navalny durante su tiempo en prisión, quien cumple una condena de 19 años. Navalny utilizaba a sus abogados como canal para enviar mensajes que su equipo difundía en redes sociales.
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El juicio, realizado a puerta cerrada, tuvo lugar a aproximadamente 70 millas al este de Moscú, cerca de la prisión de Pokrov, donde Navalny estuvo encarcelado antes de ser trasladado a una colonia remota en el círculo ártico. Durante el proceso judicial, Kobzev afirmó que estaban siendo juzgados por "transmitir los pensamientos de Navalny a otras personas". El tribunal argumentó que los abogados habían usado su estatus para facilitar la transferencia de información entre Navalny y miembros de una "comunidad extremista", permitiéndole presuntamente planear "crímenes de carácter extremista" desde la prisión.

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Las condenas han suscitado fuertes críticas en Occidente. Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania manifestaron su indignación. Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado de EE. UU., calificó las sentencias como "un ejemplo de la persecución de abogados defensores por parte del Kremlin". David Lammy, secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, hizo un llamado para la liberación de todos los prisioneros políticos, mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia describió la decisión como un acto de intimidación contra la profesión legal. Alemania subrayó la persecución que enfrentan aquellos que defienden a otros ante la ley.

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Navalny había declarado anteriormente que la ofensiva de Rusia en Ucrania era "criminal" y exhortó a sus seguidores a "no rendirse". En octubre de 2023, denunció la detención de sus abogados como un intento de aislarlo aún más. La organización de derechos humanos OVD, que monitorea la represión política en Rusia, advirtió que estas sentencias indican una estrategia del Kremlin para desestimular la defensa de prisioneros políticos, lo que podría erosionar aún más el estado de derecho en el país.