La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela anunció oficialmente el 21 de enero de 2025 que los expresidentes de Colombia, Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque, han sido declarados "enemigos públicos". Esta decisión unánime se enmarca en la tensión diplomática creciente entre ambos países, provocada por los comentarios recientes de Uribe sobre la necesidad de una intervención militar internacional en Venezuela.
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El origen de esta declaración se remonta a un discurso pronunciado por Uribe el 11 de enero de 2025 en Cúcuta, donde sugirió que una intervención militar respaldada por las Naciones Unidas podría derrocar al gobierno de Nicolás Maduro y facilitar elecciones libres en el país. La propuesta de ley que dio lugar a esta declaración de la ANC se discutió y aprobó conforme al artículo 111 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, reflejando un consenso total entre los miembros del organismo.
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Durante la sesión, los miembros de la ANC calificaron a Uribe y Duque con términos inflexibles, denominándolos como "paramilitares, terroristas, narcotraficantes, fascistas, asesinos, criminales, representantes de la ultraderecha internacional". Además, la ANC destacó que esta acción añade a Uribe y Duque a una lista de expresidentes latinoamericanos considerados personas non gratas en Venezuela.
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La reacción del gobierno venezolano fue contundente. Nicolás Maduro condenó enérgicamente las declaraciones de Uribe, etiquetándolas de "amenazas criminales". En consecuencia, Maduro dio instrucciones a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para que permanezca alerta ante cualquier posible agresión extranjera, subrayando que el territorio venezolano no aceptará la intervención de "paramilitares extranjeros ni imperialistas".
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Esta controversia se agudiza en un contexto en el cual Maduro ha iniciado un nuevo mandato presidencial el 10 de enero de 2025, una reelección cuestionada por denuncias de fraude electoral y el rechazo de una porción significativa de la comunidad internacional.
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La relación conflictiva entre Venezuela y Colombia no es un fenómeno nuevo, pero las recientes declaraciones y acciones amenazan con escalar la tensión diplomática a niveles sin precedentes. La comunidad internacional observa con preocupación este desarrollo, dado el potencial de inestabilidad regional que podría desencadenar.
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La consideración de Uribe sobre una intervención militar se enmarca en sus esfuerzos para buscar una solución a la crisis política y humanitaria en Venezuela. Sin embargo, esta sugerencia fue recibida con firme oposición desde Caracas, que ha esgrimido una defensa de la soberanía nacional frente a cualquier intento de intervención extranjera.
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El contexto subyacente también incluye la marcada polarización política y la dificultad de encontrar puntos de consenso entre ambos países, una situación que se ha intensificado desde que Uribe y Duque ocuparon cargos públicos en Colombia.