La administración Trump ha decidido poner fin a una demanda federal en contra de Denka Performance Elastomer, una planta química ubicada en LaPlace, Luisiana, acusada de emitir altos niveles de cloropreno, clasificado como un probable carcinógeno. La demanda fue interpuesta en 2023 por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y el Departamento de Justicia durante la administración Biden, como parte de un esfuerzo general por abordar la contaminación en comunidades marginadas.

El caso argumentaba que la planta representaba un "peligro inminente y sustancial para la salud y el bienestar públicos". Se destacó que el área circundante, denominada "Cancer Alley" debido a su alta densidad de instalaciones industriales, tiene el mayor riesgo de cáncer relacionado con emisiones tóxicas en los Estados Unidos, afectando especialmente a una población predominantemente negra.

La EPA señaló que aproximadamente el 20% de la población que residen a menos de dos millas y media de la planta está constituida por menores de 18 años, incluyéndose entre ellos más de 300 niños de una escuela primaria ubicada a escasos 500 pies de la instalación. Estudios previos realizados por la EPA advirtieron que los niños menores de 16 años son particularmente vulnerables a carcinógenos mutagénicos como el cloropreno.

Denka Performance Elastomer, propiedad de una empresa japonesa que adquirió la planta a DuPont en 2015, utiliza cloropreno para la producción de neopreno, un caucho sintético empleado en productos como piezas de automóviles, mangueras y cables eléctricos. Ni los ejecutivos de Denka ni su representante legal, Paul Nathanson de Bracewell, emitieron comentarios sobre la retirada de la demanda.

La administración Biden había priorizado la justicia ambiental —el principio de defender a comunidades vulnerables de los daños ambientales—, destinando 60 mil millones de dólares a este propósito gracias a la Ley de Reducción de la Inflación de 2022. Sin embargo, la retirada de esta demanda forma parte de un giro político bajo la administración Trump, que incluye la colocación de 168 empleados de la EPA en licencia administrativa, y el nombramiento de altos cargos vinculados a la industria química y petrolera.

La decisión ha causado indignación entre los residentes locales y activistas. Robert Taylor, fundador del grupo comunitario Concerned Citizens of St. John Parish, expresó su descontento ante la medida, asegurando que seguirán luchando por el derecho de su comunidad a un aire limpio.

David Uhlmann, exfuncionario de la EPA bajo Biden, criticó abiertamente la decisión, declarando que esta acción demuestra que la administración Trump protege los intereses de los contaminadores en detrimento de las comunidades afectadas. Según Uhlmann, esta decisión perpetúa una carga desproporcionada de enfermedades relacionadas con la contaminación sobre las comunidades pobres y minoritarias situadas en Cancer Alley.

Paralelamente, Michael S. Regan, administrador de la EPA durante la gestión Biden, había visitado la región en 2021 como parte de una gira titulada “viaje hacia la justicia". Allí prometió acciones contundentes para supervisar mejor la calidad del aire y agua en zonas desatendidas. La demanda contra Denka representó uno de los esfuerzos clave en esa agenda, y su retirada ha generado dudas sobre el compromiso del gobierno actual con las comunidades afectadas.

Luisiana alberga una franja industrial conocida como "Cancer Alley", un cinturón químico de más de 85 millas entre Baton Rouge y Nueva Orleans, nombrado así por la prevalencia de campos industriales y problemas de salud asociados con la exposición prolongada a contaminantes.