El recién inaugurado presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comenzó su segundo mandato el 20 de enero de 2025 firmando una serie de órdenes ejecutivas dirigidas a la política de inmigración y seguridad fronteriza desde la Oficina Oval. Este conjunto de acciones marca un giro pronunciado respecto a la administración anterior y refleja un compromiso firme con sus promesas de campaña.
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Trump declaró una emergencia nacional en la frontera sur de EE. UU., lo que permitirá el despliegue de tropas estadounidenses para ayudar al Departamento de Seguridad Nacional a obtener control operativo completo de la frontera. Esta medida se complementa con la reanudación inmediata de la construcción del muro en la frontera con México, un proyecto que había sido detenido durante la administración de Biden.
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Una de las órdenes más controvertidas implica la redefinición de la ciudadanía. Trump firmó una directiva que busca negar la ciudadanía automática a los hijos nacidos en EE. UU. de inmigrantes indocumentados, desafiando la 14ª enmienda de la Constitución. Esta medida se aplicará a los niños nacidos 30 días después de la implementación de la orden.
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En otro movimiento significativo, Trump designó a los carteles de drogas como organizaciones terroristas extranjeras, buscando una acción más agresiva contra estos grupos. En paralelo, prometió llevar a cabo el "programa de deportación más grande en la historia de EE. UU.", con redadas de inmigración programadas para comenzar el 21 de enero de 2025.
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Otra medida impactante es la suspensión del reasentamiento de refugiados por al menos cuatro meses y la terminación del asilo, obligando a los solicitantes a esperar en México mientras se procesan sus casos. Además, la administración de Trump terminó abruptamente el uso de la aplicación CBP One, que permitía a los migrantes programar citas para ingresar a EE. UU., cancelando todas las citas existentes.
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La política de "Permanezcan en México" también será reinstaurada. Esta política obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México, una medida que había sido cancelada por Biden. Asimismo, Trump revocó varias políticas de inmigración implementadas por la administración Biden, incluyendo la creación de un grupo de trabajo interagencial para la reunificación de familias separadas en la frontera.
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Trump también hizo declaraciones infundadas sobre inmigrantes indocumentados, afirmando que muchos provienen de prisiones y hospitales psiquiátricos y aumentan la criminalidad en EE. UU., a pesar de que estudios indican lo contrario. Estas afirmaciones han sido ampliamente criticadas por investigadores y grupos de derechos civiles.
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Organizaciones como la American Civil Liberties Union (ACLU) ya han prometido desafiar legalmente varias de estas nuevas políticas, especialmente la que afecta la ciudadanía automática.
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Estas decisiones representan un cambio significativo en la política de inmigración de EE. UU. y subrayan el compromiso de Trump con un enfoque más estricto en esta área. Las repercusiones de estas órdenes se verán en las próximas semanas y meses, con un impacto directo en la vida de innumerables personas, tanto dentro como fuera de los Estados Unidos.