El tribunal, liderado por la jueza Caryslia Rodríguez, emitió un fallo el 22 de agosto de 2024 validando la reelección de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), Maduro ganó las elecciones del 28 de julio con un 52% de los votos. No obstante, el CNE no ofreció un desglose de resultados a nivel de recinto electoral, argumentando que habían sido víctimas de un ciberataque, una justificación que ha sido ampliamente cuestionada tanto por la oposición venezolana como por observadores internacionales.
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Durante el fallo, la jueza Caryslia Rodríguez manifestó que el tribunal había "certificado indiscutiblemente los materiales electorales" y avalado los resultados presentados por el CNE. Pese a ello, la oposición, encabezada por Edmundo González Urrutia, quien asegura haber obtenido más de dos tercios de los votos, rechazó categóricamente la decisión. "Esta decisión es nula, el tribunal carece de imparcialidad", declaró González Urrutia. Él, junto a su equipo, recopiló datos de 80% de las 30,000 mesas de votación que indicaban una victoria sobre Maduro con una relación superior a 2 a 1.
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El Tribunal Supremo, cuyos miembros son en su mayoría leales a Maduro, desestimó las numerosas denuncias de fraude electoral, calificando como falsificados los resultados presentados por la oposición. Organismos internacionales como la ONU y el Centro Carter, que observaron el proceso electoral, también han expresado serias dudas sobre la veracidad de los resultados, destacando la ausencia de un desglose detallado de los votos.
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Desde la conclusión de las elecciones, el país ha experimentado un incremento significativo en la violencia. Las protestas relacionadas con los resultados electorales han dejando un saldo de 27 muertos, más de 190 heridos y alrededor de 2,400 arrestos. Este clima de inestabilidad ha provocado críticas y declaraciones en contra del gobierno de Maduro a nivel internacional. Por ejemplo, el presidente chileno Gabriel Boric, explícitamente expresó que la decisión del tribunal representa una "consolidación de fraude".
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Además, la Asamblea Nacional, dominada por aliados de Maduro, ha pospuesto deliberadamente la discusión sobre una propuesta de ley contra el "fascismo", lo que muchos interpretan como un intento adicional de reprimir a la oposición.