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Tribunal de Kenia Declara Inconstitucional Penalizar el Intento de Suicidio

Un juez en Kenia ha derogado la sección del código penal que criminalizaba el intento de suicidio, calificándola de inconstitucional por discriminar a personas con problemas de salud mental.

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Tribunal de Kenia Declara Inconstitucional Penalizar el Intento de Suicidio

Un juez en Kenia ha derogado la sección del código penal que criminalizaba el intento de suicidio, calificándola de inconstitucional por discriminar a personas con problemas de salud mental.

“Criminalizar el intento de suicidio deshonra y degrada a las víctimas de ideación suicida”

- Declaró el juez Lawrence Mugambi.

15/1/2025

El 10 de enero de 2025, el juez Lawrence Mugambi de Kenia declaró inconstitucionales secciones del código penal que criminalizaban el intento de suicidio. Esta decisión se basa en que la sección 226 del código penal contradecía la constitución del país al castigar a personas con problemas de salud mental sobre los cuales pueden tener poco o ningún control.

La constitución de Kenia, en su artículo 43, establece que toda persona tiene derecho al "más alto estándar alcanzable de salud". Sin embargo, la ley penal estipulaba que "cualquier persona que intente quitarse la vida es culpable de un delito menor y está sujeta a una pena de prisión de hasta dos años, una multa, o ambas", con una edad mínima de enjuiciamiento de ocho años.

El juez Mugambi argumentó que la aplicación de la sección 226 ofendía el artículo 27 de la constitución al criminalizar un problema de salud mental, lo que promueve la discriminación basada en la salud. Además, Mugambi destacó que esta criminalización deshonra y degrada a las víctimas de ideación suicida en la comunidad por acciones que están más allá de su control mental.

La decisión fue el resultado de una petición presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia (KNCHR) y la Asociación Psiquiátrica de Kenia. Ambas entidades argumentaron que los principales factores que impulsan el aumento de los casos de suicidio incluyen "condiciones de salud mental no diagnosticadas y no tratadas, así como discapacidades mentales que resultan en pensamientos suicidas que pueden llevar a intentos de suicidio".

La KNCHR calificó el fallo como un llamado a una conversación abierta y sincera entre individuos, comunidades, organizaciones y el gobierno, enfatizando la necesidad de crear "espacios seguros donde las personas afectadas por desafíos de salud mental puedan compartir sus experiencias y buscar apoyo sin miedo a la estigmatización o discriminación".

Datos adicionales proporcionados por la estrategia de prevención del suicidio del Ministerio de Salud de Kenia (2021-2026) indican que el país tiene una tasa de suicidio estandarizada por edad de 11.0 por cada 100,000 habitantes, lo que se traduce en aproximadamente cuatro muertes por suicidio al día. La Organización Mundial de la Salud reporta que más de 700,000 personas mueren por suicidio cada año, con más del 70% de los casos ocurriendo en países de ingresos bajos y medios.

Algo Curioso

“Criminalizar el intento de suicidio deshonra y degrada a las víctimas de ideación suicida”

- Declaró el juez Lawrence Mugambi.

Jan 15, 2025
Colglobal News

El 10 de enero de 2025, el juez Lawrence Mugambi de Kenia declaró inconstitucionales secciones del código penal que criminalizaban el intento de suicidio. Esta decisión se basa en que la sección 226 del código penal contradecía la constitución del país al castigar a personas con problemas de salud mental sobre los cuales pueden tener poco o ningún control.

La constitución de Kenia, en su artículo 43, establece que toda persona tiene derecho al "más alto estándar alcanzable de salud". Sin embargo, la ley penal estipulaba que "cualquier persona que intente quitarse la vida es culpable de un delito menor y está sujeta a una pena de prisión de hasta dos años, una multa, o ambas", con una edad mínima de enjuiciamiento de ocho años.

El juez Mugambi argumentó que la aplicación de la sección 226 ofendía el artículo 27 de la constitución al criminalizar un problema de salud mental, lo que promueve la discriminación basada en la salud. Además, Mugambi destacó que esta criminalización deshonra y degrada a las víctimas de ideación suicida en la comunidad por acciones que están más allá de su control mental.

La decisión fue el resultado de una petición presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia (KNCHR) y la Asociación Psiquiátrica de Kenia. Ambas entidades argumentaron que los principales factores que impulsan el aumento de los casos de suicidio incluyen "condiciones de salud mental no diagnosticadas y no tratadas, así como discapacidades mentales que resultan en pensamientos suicidas que pueden llevar a intentos de suicidio".

La KNCHR calificó el fallo como un llamado a una conversación abierta y sincera entre individuos, comunidades, organizaciones y el gobierno, enfatizando la necesidad de crear "espacios seguros donde las personas afectadas por desafíos de salud mental puedan compartir sus experiencias y buscar apoyo sin miedo a la estigmatización o discriminación".

Datos adicionales proporcionados por la estrategia de prevención del suicidio del Ministerio de Salud de Kenia (2021-2026) indican que el país tiene una tasa de suicidio estandarizada por edad de 11.0 por cada 100,000 habitantes, lo que se traduce en aproximadamente cuatro muertes por suicidio al día. La Organización Mundial de la Salud reporta que más de 700,000 personas mueren por suicidio cada año, con más del 70% de los casos ocurriendo en países de ingresos bajos y medios.

El 10 de enero de 2025, el juez Lawrence Mugambi de Kenia declaró inconstitucionales secciones del código penal que criminalizaban el intento de suicidio. Esta decisión se basa en que la sección 226 del código penal contradecía la constitución del país al castigar a personas con problemas de salud mental sobre los cuales pueden tener poco o ningún control.

La constitución de Kenia, en su artículo 43, establece que toda persona tiene derecho al "más alto estándar alcanzable de salud". Sin embargo, la ley penal estipulaba que "cualquier persona que intente quitarse la vida es culpable de un delito menor y está sujeta a una pena de prisión de hasta dos años, una multa, o ambas", con una edad mínima de enjuiciamiento de ocho años.

El juez Mugambi argumentó que la aplicación de la sección 226 ofendía el artículo 27 de la constitución al criminalizar un problema de salud mental, lo que promueve la discriminación basada en la salud. Además, Mugambi destacó que esta criminalización deshonra y degrada a las víctimas de ideación suicida en la comunidad por acciones que están más allá de su control mental.

La decisión fue el resultado de una petición presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia (KNCHR) y la Asociación Psiquiátrica de Kenia. Ambas entidades argumentaron que los principales factores que impulsan el aumento de los casos de suicidio incluyen "condiciones de salud mental no diagnosticadas y no tratadas, así como discapacidades mentales que resultan en pensamientos suicidas que pueden llevar a intentos de suicidio".

La KNCHR calificó el fallo como un llamado a una conversación abierta y sincera entre individuos, comunidades, organizaciones y el gobierno, enfatizando la necesidad de crear "espacios seguros donde las personas afectadas por desafíos de salud mental puedan compartir sus experiencias y buscar apoyo sin miedo a la estigmatización o discriminación".

Datos adicionales proporcionados por la estrategia de prevención del suicidio del Ministerio de Salud de Kenia (2021-2026) indican que el país tiene una tasa de suicidio estandarizada por edad de 11.0 por cada 100,000 habitantes, lo que se traduce en aproximadamente cuatro muertes por suicidio al día. La Organización Mundial de la Salud reporta que más de 700,000 personas mueren por suicidio cada año, con más del 70% de los casos ocurriendo en países de ingresos bajos y medios.

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