En la madrugada del 3 de enero de 2025, el exmilitar Francisco Luis Correa, testigo clave en el caso del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, fue hallado muerto en su celda en la penitenciaría La Picota, en Bogotá. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó que se trató de un homicidio y señaló a otro recluso como el responsable del ataque.
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Correa había sido acusado de homicidio, fabricación y porte de armas de fuego en conexión con el asesinato de Pecci, ocurrido en mayo de 2022 en Cartagena de Indias. Su colaboración con la justicia estaba cerca de concluir, y se esperaba que el 19 de enero de 2025 recibiera una sentencia que le permitiría quedar solo condenado por porte de armas, perdonando el delito de homicidio.
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El abogado Francisco Bernate, representante de la familia Pecci, criticó la decisión de trasladar a Correa desde una instalación de alta seguridad a La Picota, señalando el notable hacinamiento del lugar, que tiene una capacidad para 6,181 reclusos, pero actualmente alberga a 7,321. Bernate también destacó que Correa había recibido amenazas de los otros implicados en el crimen que podrían haber conducido a su asesinato.
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Maricel Albertini, madre de Pecci, exigió explicaciones de las autoridades colombianas sobre la falta de protección a Correa y el motivo detrás de su traslado. Hasta el momento, la Fiscalía no ha emitido una respuesta oficial.
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En cuanto a las circunstancias de la muerte de Correa, se ha mencionado que pudo haberse tratado de una riña entre reclusos. El periodista Julio Sánchez Cristo reportó que el agresor se reivindicó como el autor del ataque. La Fiscalía está investigando si Correa había estado hostigando al presunto homicida, lo que podría haber desencadenado el ataque fatal.
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El caso Pecci ha tenido un amplio impacto tanto en Colombia como en Paraguay. Marcelo Pecci, fiscal especializado en crimen organizado, fue asesinado por sicarios en mayo de 2022 mientras estaba de luna de miel. Correa había aceptado su responsabilidad en la coordinación del asesinato y señaló a otros cómplices. En mayo de 2023, Ramón Emilio y Andrés Felipe Pérez Hoyos fueron condenados a 25 años y seis meses de prisión por su participación, y al menos otras siete personas fueron identificadas por su involucramiento en la logística del crimen. En febrero de 2024, Margareth Chacón, esposa de Andrés, también fue condenada por su colaboración en el asesinato.
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La culminación de las investigaciones estaba cerca, y la muerte de Correa representa un revés significativo para la justicia tanto en Colombia como en Paraguay. La comunidad jurídica y los familiares del fiscal Pecci continúan exigiendo respuestas y justicia en este complejo y perturbador caso.