Marine Le Pen, líder del partido de extrema derecha Agrupación Nacional (RN) en Francia y figura prominente en la política del país, enfrenta un juicio que podría alterar significativamente su carrera política. Las acusaciones en su contra, junto con otros 24 funcionarios del mismo partido, están relacionadas con la presunta malversación de fondos del Parlamento Europeo entre los años 2004 y 2016. Según la Fiscalía, Le Pen y sus asociados habrían desviado dinero destinado a asistentes parlamentarios de la Unión Europea para financiar actividades del partido político, lo que constituiría una violación a las regulaciones de la institución europea.

El Parlamento Europeo calcula que los fondos presuntamente malversados ascienden a una cantidad cercana a 7 millones de euros. Ante este panorama, los fiscales han pedido sancionar a Marine Le Pen con una multa de 300,000 euros (aproximadamente 250,000 libras esterlinas), además de imponerle una pena de prisión de dos años. También han solicitado que se le inhabilite durante cinco años para ejercer cualquier cargo público, lo que impediría su participación en las elecciones presidenciales del 2027 en caso de ser condenada.

Durante el juicio, que se extendió por nueve semanas a finales de 2024, Le Pen negó las acusaciones junto con los demás imputados. Tanto ella como sus defensores argumentaron que no se cometió delito alguno. Sin embargo, la situación se ha visto agravada por una decisión reciente del Consejo Constitucional de Francia, que establece que los políticos pueden ser inhabilitados de manera inmediata en caso de ser condenados por un delito. Este fallo agrega más presión al esperado veredicto, programado para anunciarse el 31 de marzo de 2025.

Le Pen ha criticado duramente las investigaciones lideradas por los fiscales, afirmando que estas buscan su "muerte política" y advirtiendo que una condena podría marginar a millones de votantes al dejarlos sin su candidata preferida en las próximas elecciones. Una encuesta reciente revela que un 42% de los franceses apoya su candidatura para las presidenciales de 2027, lo que subraya la relevancia política de su figura en el panorama nacional.

En caso de ser condenada, Le Pen ha anunciado su intención de apelar el fallo. Este proceso podría demorar la ejecución efectiva de cualquier sentencia impuesta, incluyendo la pena de prisión, la multa y la inhabilitación, hasta que se resuelvan todos los recursos judiciales. Sin embargo, si las apelaciones no prosperan, la condena podría comprometer gravemente su capacidad para continuar compitiendo políticamente.

El juicio y su desenlace ponen de manifiesto el impacto significativo que tienen estas investigaciones legales en la política francesa, en especial considerando la magnitud de las acusaciones y la figura pública de Marine Le Pen. El desenlace del caso no solo tendrá implicaciones para su futuro político, sino también para la dirección de su partido, Agrupación Nacional, que ha ganado popularidad significativa en los últimos años.

El veredicto definitivo será un momento clave para la política en Francia, especialmente en un contexto en el que Marine Le Pen ha sido una figura polarizadora y controvertida. La resolución del caso podría sentar un precedente importante para la rendición de cuentas de los políticos acusados de irregularidades en el manejo de recursos públicos.

De ser condenada y finalmente inhabilitada, Marine Le Pen sería parte de un reducido grupo de figuras políticas de alto perfil en Francia que han enfrentado sanciones judiciales que limitaron su carrera, un fenómeno poco común en el país.