El multimillonario Elon Musk ha planteado una serie de propuestas radicales para reestructurar el funcionamiento del gobierno de los Estados Unidos. Bajo el alero de su grupo "Departamento de Eficiencia Gubernamental" (Doge), Musk ha sugerido la eliminación y reconfiguración de varias agencias federales, recortes presupuestarios significativos y el despido de trabajadores públicos. Estas medidas buscan reducir el gasto gubernamental y abrir la puerta para una mayor intervención del sector privado, favoreciendo potencialmente a empresas tecnológicas y de defensa, incluidas las propias compañías de Musk.
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Entre las agencias que Doge ya ha empezado a intervenir se encuentran la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), cuyo cierre está en la agenda; el Departamento de Educación, que enfrenta reducciones presupuestarias; y la Administración de Servicios Generales (GSA), donde se busca una reorganización tecnológica. Además, Doge ha obtenido acceso al Departamento del Tesoro y tiene planes de extender su influencia al Departamento de Defensa, el Departamento de Energía, la Agencia de Protección Ambiental y hasta una docena de otras oficinas clave en la gestión pública.

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Un elemento central de las propuestas de Musk es el uso de inteligencia artificial para optimizar los procesos del gobierno federal. También se ha propuesto una revisión exhaustiva de los programas de armamento de Estados Unidos. Estas iniciativas han generado reacciones mixtas: mientras que grupos de ayuda humanitaria denuncian posibles impactos adversos, empresas del sector tecnológico, como Palantir, celebran las propuestas. La compañía, que en los últimos años ha logrado contratos militares en Estados Unidos por valores que alcanzan los cientos de millones de dólares, considera que las acciones de Doge ayudarán a erradicar proyectos ineficientes y mal gestionados. Su CTO, Shyam Sankar, destacó los supuestos beneficios en términos de "meritocracia y transparencia".
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Por su parte, los beneficios directos para las empresas de Musk también generan cuestionamientos sobre conflictos de interés. Musk, a través de SpaceX, ha asegurado contratos valorados en aproximadamente 15 mil millones de dólares con la NASA desde que inició su relación con la agencia en 2006 con un contrato inicial de 278 millones de dólares. También mantiene acuerdos por cientos de millones de dólares con el Pentágono relacionados con satélites. Ante esta situación, los críticos han expresado preocupación sobre el balance entre los intereses del sector privado y las prioridades del sector público.
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Las medidas impulsadas por Musk han sido comparadas con los radicales ajustes que realizó tras adquirir Twitter en 2022. Sin embargo, algunos analistas creen que los impactos a largo plazo de Doge podrían parecerse más al modelo colaborativo que SpaceX ha desarrollado con la NASA. En cualquier caso, la orden ejecutiva firmada por el expresidente Donald Trump concede a Doge facultades sin precedentes. Según este mandato, las agencias federales deben coordinar cualquier decisión de recortes y ajustes de personal con el organismo liderado por Musk.
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La organización Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW), especializada en el control de la ética gubernamental, ha alzado la voz ante los posibles riesgos de corrupción y la falta de transparencia en estas acciones. CREW ya ha interpuesto demandas alegando que Doge podría estar infringiendo normativas federales sobre transparencia.
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En definitiva, el plan de Elon Musk para rediseñar la administración pública de Estados Unidos representa un cambio sin precedentes en la relación sector público-privado del país, poniendo sobre la mesa debates sobre eficiencia, ética, privatización y el alcance del poder empresarial. El nombre Doge, que Elon Musk utilizó para su grupo, aparentemente rinde homenaje al famoso meme de la raza Shiba Inu popularizado como "Doge", vinculando una peculiar cultura de internet con uno de los proyectos más controvertidos de la esfera gubernamental.