Rodrigo Duterte, expresidente de Filipinas y figura central de la polémica "guerra contra las drogas" durante su mandato (2016-2022), fue arrestado el pasado 11 de marzo de 2025 en el Aeropuerto Internacional de Manila al aterrizar procedente de Hong Kong. La detención fue efectuada en base a una orden de la Corte Penal Internacional (CPI), que lo acusa de crímenes de lesa humanidad por una campaña de asesinatos extrajudiciales que, según informes, provocó la muerte de entre 12,000 y 30,000 personas. Las cifras oficiales del gobierno reconocen al menos 6,200 muertes en operativos antidrogas.

El arresto ocurrió en horas de la mañana, y, tras pasar varias horas bajo custodia de las autoridades filipinas, Duterte fue trasladado en un vuelo dirigido a La Haya, Países Bajos, despegando a las 11:03 PM hora local. Dicho traslado responde al lugar donde la CPI lleva a cabo sus investigaciones y procesos judiciales.

Las operaciones llevadas a cabo durante la "guerra contra las drogas" impulsada por el exmandatario fueron intensamente criticadas por grupos de derechos humanos, que denunciaron asesinatos a menudo perpetrados sin juicio previo. Las víctimas de esta escalada policial fueron en su mayoría hombres jóvenes de comunidades económicamente desfavorecidas, señalados como presuntos narcotraficantes o consumidores de drogas.

La hija del exmandatario, Sara Duterte, quien ocupa actualmente el cargo de vicepresidenta, acompañaba a su padre en el vuelo desde Hong Kong. En declaraciones públicas, describió el arresto como una "persecución política" y expresó su intención de viajar a La Haya para brindar apoyo a su progenitor.

A pesar de que Filipinas se retiró del Estatuto de Roma, instrumento que establece la CPI, en 2019, el organismo ha insistido en mantener jurisdicción sobre los crímenes cometidos mientras el país aún era signatario de dicho tratado. En respuesta, se ha presentado una petición ante la Corte Suprema de Filipinas por parte de representantes de Duterte, cuestionando la validez de la orden de arresto y argumentando que la retirada del tratado concluyó la autoridad de la CPI sobre casos relacionados con Filipinas. La resolución de este conflicto legal aún está pendiente.

El presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., sostuvo que el actual gobierno actuó conforme a las normativas internacionales al cooperar con la solicitud de Interpol y permitir que el arresto de Duterte se concretara. Para garantizar la seguridad en los alrededores del aeropuerto y evitar disturbios, las autoridades movilizaron un dispositivo de más de 370 agentes de la policía.

Previo a su traslado, Duterte publicó videos en redes sociales en los que cuestionó la legitimidad de la CPI para procesarlo, argumentando que cualquier acción judicial en su contra debería ser realizada bajo las leyes y tribunales de Filipinas. En su discurso, manifestó resistencia a someterse al juicio de lo que calificó como "extranjeros".

El arresto de Rodrigo Duterte, figura clave y polarizadora en la política filipina, representa un hito en los esfuerzos internacionales por hacer rendir cuentas a quienes han sido acusados de graves violaciones a los derechos humanos. En La Haya, la CPI continuará sus procedimientos para evaluar la responsabilidad del expresidente en los actos cometidos durante su mandato.

Filipinas es el segundo país en retirarse del Estatuto de Roma, después de que Burundi tomara la misma decisión en 2017. A pesar de ello, la CPI sostiene que conserva jurisdicción sobre los crímenes cometidos por cualquier país mientras este era parte del tratado.