El 6 de marzo de 2025, un total de 29 miembros de la Fuerza Pública, entre los que se encontraban 28 policías y un militar, fueron secuestrados en el corregimiento de El Plateado, ubicado en la zona de los municipios de Argelia y El Tambo, en el departamento del Cauca, Colombia. El hecho ocurrió durante una asonada protagonizada por pobladores que exigían la retirada de las tropas del Ejército presentes en el área, una presión atribuida al grupo Carlos Patiño, disidencia de las FARC.

Los uniformados fueron llevados al Cañón del Micay, en donde permanecieron retenidos durante más de 40 horas. Inicialmente, fueron trasladados desde el sector de La Hacienda hasta El Plateado, mientras las autoridades trataban de establecer contacto para su liberación. Sin embargo, la situación se vio agravada por el asesinato de un habitante local, lo que obstaculizó los primeros intentos de entrega de los secuestrados.

El 8 de marzo de 2025, el Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció que había comenzado el proceso de liberación. Confirmó que los 29 uniformados estaban a pocos metros de alcanzar el punto definido para su liberación, que se oficializó ese mismo día. Los uniformados habían sido inicialmente secuestrados luego de intentar contrarrestar el ataque de los pobladores, quienes llegaron a incendiar dos vehículos oficiales durante la asonada.

Tras confirmarse la liberación, los policías y el militar, quienes estuvieron en cautiverio desde el 6 de marzo, fueron trasladados a la ciudad de Popayán, capital del departamento del Cauca. Allí se encontraban el Ministro de Defensa y otras autoridades, quienes acompañaron la evaluación de la situación de orden público en el área. Según informaron las autoridades, la liberación fue el resultado de un trabajo conjunto entre diversas instituciones, incluyendo la Defensoría del Pueblo, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (Mapp OEA), Naciones Unidas y la Personería.

El contexto en el que ocurrió este hecho estuvo marcado por conflictos sociales crecientes en la región. Durante la asonada, los miembros de la comunidad expresaron un pliego de demandas que incluyó la desmilitarización del área y el rechazo a la construcción de megaproyectos eléctricos en el territorio. El grupo Carlos Patiño, señalado como responsable de las presiones sobre los habitantes, ha sido identificado como uno de los principales actores armados ilegales en esta región, caracterizada por tensiones históricas y la presencia de disidencias de las FARC.

Con la liberación de los 29 miembros de la Fuerza Pública, las autoridades reafirmaron su compromiso con el mantenimiento del orden en una zona afectada por constantes conflictos entre las comunidades locales, los grupos armados ilegales y las fuerzas del Estado. Se prevé que continúen evaluaciones y acciones para abordar las problemáticas subyacentes que generaron el secuestro y la asonada.

El Cañón del Micay, donde estuvieron retenidos los uniformados, es considerado una de las regiones con mayor biodiversidad del Cauca, pero también una de las áreas más afectadas por la presencia de grupos armados ilegales en Colombia.