El británico James Scott Rhys Anderson, quien anteriormente sirvió como señalero en el ejército del Reino Unido, ha sido condenado a 19 años de prisión por un tribunal militar ruso después de ser capturado en la región rusa de Kursk, en noviembre de 2024. Anderson, de 22 años, estaba luchando junto a las fuerzas armadas de Ucrania cuando fue arrestado, en un incidente que tuvo lugar durante una incursión transfronteriza desde Ucrania.

El tribunal determinó su culpabilidad por cargos que incluyen terrorismo, actividades de mercenario, cruce ilegal de frontera mientras portaba armas, actos criminales contra civiles, causación de daños significativos a propiedades y desestabilización de actividades gubernamentales. Según las autoridades rusas, Anderson operaba como parte de un grupo organizado. El juicio se llevó a cabo a puerta cerrada, con informes de que Anderson se declaró culpable. Sin embargo, esta declaración no ha podido ser verificada de manera independiente, ya que el británico no ha tenido contacto con el exterior desde su detención.

La condena establece que Anderson pasará cinco años en prisión antes de ser trasladado a una colonia penal con condiciones estrictas. Este veredicto ha generado una protesta significativa por parte de la Oficina de Relaciones Exteriores del Reino Unido, que ha calificado las acusaciones como "falsas" y ha exigido que Anderson sea tratado como un prisionero de guerra. Citan el derecho internacional como base para afirmar que los prisioneros de guerra no deben ser procesados judicialmente por participar en hostilidades.

La sentencia de Anderson representa la primera ocasión en la que un ciudadano británico ha sido condenado por Rusia en el contexto del conflicto en Ucrania. En casos previos, otros británicos capturados habían sido sometidos a severas penas, aunque algunos de ellos obtuvieron la libertad mediante intercambios de prisioneros. Este caso subraya la tensión continua entre las partes implicadas en el conflicto y tiene implicaciones potenciales para futuros enfrentamientos legales y diplomáticos.

Anderson se había unido a la Legión Internacional de Ucrania, un grupo integrado por miles de voluntarios extranjeros que han viajado para apoyar a las fuerzas ucranianas contra la invasión rusa. Este contexto añade un ángulo internacional al caso, ampliando el impacto de su condena en términos diplomáticos.

La condena de Anderson ha provocado una respuesta contundente del gobierno británico, que permanece en estrecho contacto con la familia del condenado mientras ofrece apoyo consular. Al margen de las reacciones oficiales, el caso también destaca el creciente fenómeno de extranjeros uniéndose a conflictos internacionales, desatando debates sobre las posibles repercusiones legales y diplomáticas.

El tribunal ruso sostiene que Anderson cometió actos terroristas como parte de un grupo organizado, afirmación que ha sido rechazada con firmeza por las autoridades británicas y organizaciones defensoras de los derechos humanos. Según estas, el trato hacia Anderson representa una violación de los derechos fundamentales y pone en tela de juicio la transparencia de los procedimientos legales en este caso.

La Legión Internacional de Ucrania, a la que Anderson se unió, ha atraído a miles de voluntarios de diversas nacionalidades, incluyendo ciudadanos británicos, desde el inicio del conflicto, siendo un fenómeno sin precedentes en tiempos recientes.