El 7 de marzo de 2025, Siria vivió la insurrección más violenta desde el derrocamiento de Bashar al Asad, dejando un saldo de al menos 120 muertos, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. La situación ha derivado en extremo caos, con el Gobierno de Ahmed al Shara imponiendo un toque de queda en las provincias costeras de Latakia y Tartus para intentar contener la crisis.

Los enfrentamientos, que comenzaron el jueves, fueron protagonizados por grupos armados vinculados al antiguo régimen, compuestos principalmente por exmilitares y oficiales descontentos. Estos grupos tomaron control de emblemáticos edificios gubernamentales, como la Academia Naval de Latakia, y ejecutaron emboscadas a patrullas militares. Durante feroces combates, las fuerzas pro-gubernamentales lograron recuperar parcialmente el control del área.

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos detalló que, además de las personas fallecidas, se han reportado numerosos desaparecidos y presuntas ejecuciones extrajudiciales. A la cifra de muertos se suman diversos civiles, generando una creciente preocupación entre la comunidad internacional. Hasta el momento, el Gobierno asegura haber arrestado a más de 150 presuntos insurgentes, entre ellos el general Ghiyath Dala, uno de los líderes de los ataques, quien había declarado públicamente su intención de “liberar Siria” del “régimen de terroristas yihadistas extremistas”.

El conflicto no se limitó a Latakia y Tartus, extendiéndose también a localidades como Homs, donde los combates se intensificaron durante la recuperación de los cuerpos de soldados caídos. El uso de drones, helicópteros y artillería pesada por parte del Gobierno ha sido denunciado por organismos de derechos humanos, especialmente después de que se publicaran imágenes de cadáveres de civiles en Al Mujtariya, presuntamente ejecutados por fuerzas leales a Damasco. Estas acciones han sembrado un clima de terror en la población, especialmente en las comunidades alauíes, tradicionalmente vinculadas al régimen de Asad.

El contexto económico agrava la crisis: el 90% de la población vive en la pobreza y el nuevo gobierno enfrenta múltiples desafíos, incluyendo purgas dentro de la Administración que han afectado particularmente a los alauíes. En este marco, la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria, liderada por milicias kurdas, ha pedido el cese de los enfrentamientos y ha señalado a las autoridades de Damasco por su falta de inclusividad hacia la diversidad de la sociedad siria.

Arabia Saudí, por su parte, expresó su respaldo al Gobierno de Ahmed al Shara, subrayando la necesidad de mantener la estabilidad en un país ya devastado por la guerra. Sin embargo, las milicias chiíes de Irak e Irán han mostrado su apoyo a la resistencia alauí, alentándola a través de campañas en redes sociales. Esta insurrección se produce en un momento crucial en el que Damasco parecía haber logrado calmar otras tensiones, como las existentes con comunidades drusas en el sur del país, pero la región sigue siendo un polvorín en términos de estabilidad y seguridad.

La población alauí representa aproximadamente el 12% de los habitantes de Siria, y durante décadas fue identificada como una base de apoyo clave para el régimen de Bashar al Asad, lo que les valió privilegios políticos y sociales que ahora están en riesgo bajo el nuevo gobierno.