El jueves, John J. McConnell Jr., juez del Tribunal Federal de Distrito para el Distrito de Rhode Island, extendió una orden que bloquea el congelamiento de fondos federales por parte de la administración de Donald Trump. Estos fondos, aprobados por el Congreso, estaban destinados a 22 estados y el Distrito de Columbia, y su asignación estaba en riesgo debido a un memorando emitido por la oficina de presupuesto de la Casa Blanca.

El memorando impulsado por el gobierno de Trump había propuesto detener la asignación de diversos recursos hasta garantizar que se alinearan con las prioridades políticas del presidente, como frenar iniciativas relacionadas con el Green New Deal y pausar la financiación de programas asociados con inmigrantes indocumentados. La medida generó incertidumbre y alarma entre los estados afectados, que dependen de estos fondos, entre ellos los asignados para la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Agencia de Protección Ambiental (EPA).

En su fallo, el juez McConnell señaló que "la financiación que los estados deben y deben crea un limbo indefinido" y argumentó que este tipo de acciones representan una transgresión a los roles constitucionales de los diferentes poderes. Asimismo, el fallo especifica que las agencias federales no deben pausar, cancelar, bloquear ni de ninguna otra manera obstaculizar la liberación de estos fondos previamente asignados.

Entre los problemas que los estados enfrentan debido a esta situación destacan la dificultad de acceso a recursos en caso de desastres naturales, lo que se traduce en un impacto directo en servicios esenciales de preparación y emergencia. El juez también ordenó a FEMA presentar, antes del próximo 14 de marzo, un informe detallando las medidas tomadas para garantizar que los fondos sean accesibles para cubrir esos potenciales escenarios urgentes.

Por su parte, Letitia James, fiscal general de Nueva York, argumentó que la "congelación ilegal de fondos por parte de la administración Trump" pone en riesgo programas cruciales como servicios de salud, cuidado infantil y operaciones de las fuerzas del orden. A raíz de esta situación, una coalición de fiscales generales presentó una impugnación que rápidamente llevó el caso a los tribunales.

El caso también ha traído a debate la autoridad presidencial para congelar unilateralmente fondos asignados por el Congreso bajo la Ley de Control de Embargos de 1974, legislación que Donald Trump ha instado a la Corte Suprema a derogar para aumentar las competencias del Ejecutivo sobre el manejo de gasto federal.

Esta controversia entre los poderes Ejecutivo y Legislativo no es la única de su tipo durante el mandato de Trump. Casos previos han señalado intentos de la administración de detener apoyos financieros a otros beneficiarios, como organizaciones extranjeras de salud y ONGs, generando semanas de confusión y, en algunas situaciones, afectaciones directas a sus actividades operativas.

El fallo del jueves refleja una vez más el conflicto constante entre las ramas del gobierno sobre la delimitación y equilibrio de poderes, al mismo tiempo que subraya los riesgos que enfrentan los estados ante posibles nuevas directrices de congelamiento.