La propuesta presentada por Vanuatu, Fiji y Samoa ante la CPI en Nueva York busca transformar la respuesta global ante la destrucción ambiental y el cambio climático. La definición de ecocidio planteada incluye “actos ilegales o arbitrarios cometidos con conocimiento de que hay una probabilidad sustancial de causar daños severos y ya sea generalizados o a largo plazo al medio ambiente”. De ser aceptada, la reforma permitiría perseguir a individuos responsables de la destrucción ambiental, desde líderes de grandes empresas hasta jefes de estado.
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Philippe Sands KC, un reconocido abogado internacional, co-presidió un panel de expertos que definió legalmente el ecocidio y expresó su confianza en que eventualmente será reconocido por la CPI. Sin embargo, Sands advirtió que el proceso podría tardar varios años y enfrentar significativa resistencia, sobre todo por parte de empresas contaminantes.
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Desde 2017, la organización Stop Ecocide International ha estado abogando por el reconocimiento del ecocidio. Vanuatu fue el primer país en solicitarlo formalmente en 2019. Más recientemente, Bélgica aprobó el reconocimiento del ecocidio como un crimen, y la Unión Europea ha ajustado algunas de sus directrices sobre crímenes internacionales para incluirlo como un delito calificado. México también está considerando legislación al respecto.
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La CPI, que fue establecida en 2002, actualmente se ocupa de crímenes de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Para que el ecocidio sea incluido en esta lista, es necesario modificar el Estatuto de Roma, base legal de la CPI. Aunque la CPI cuenta con más de 120 países miembros, potencias como Estados Unidos, China, India y Rusia no forman parte de la corte, lo que limita su alcance en cuestiones ambientales.
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Jojo Mehta, de Stop Ecocide International, afirmó que la propuesta de los países del Pacífico representa un momento clave en la lucha por el reconocimiento del ecocidio. Una vez que esté en la agenda de la CPI, la propuesta tendrá que ser discutida formalmente, añadiendo presión internacional para que el ecocidio sea reconocido como un crimen al nivel de los mayores delitos contra la humanidad. El término "ecocidio" fue acuñado en los años 70, pero su reconocimiento legal ha sido impulsado activamente desde 2017 por diversas organizaciones internacionales.