La tecnológica Google ha aprobado un acuerdo de 28 millones de dólares para poner fin a una demanda colectiva en que se le acusaba de favorecer a trabajadores blancos y asiáticos en términos de salarios y oportunidades de avance profesional. La demanda, presentada por Ana Cantu, ex empleada de la empresa, señala presunta discriminación sistemática, que habría perjudicado a miles de trabajadores latinos, indígenas y de otras minorías no negras. El acuerdo recibió la aprobación preliminar del juez Charles Adams, quien lo calificó como justo, razonable y un buen resultado para los empleados afectados.

El caso incluye a un total de 6,632 trabajadores que estuvieron empleados en Google en California entre el 15 de febrero de 2018 y el 31 de diciembre de 2024. Cantu, quien trabajó durante siete años en los departamentos de operaciones de personas y en la nube, alega que permaneció en el mismo nivel laboral mientras sus colegas blancos y asiáticos obtenían mayores salarios y promociones. La representación legal de Cantu accedió, tras el requerimiento de Google, a excluir a los empleados negros de la acción colectiva.

El desglose del acuerdo estipula que, tras deducir 7 millones de dólares destinados a honorarios legales y multas relacionadas con la reclamación presentada por Cantu bajo la Ley de Abogados Privados de California, los ingresos netos para los empleados afectados ascienden a 20.4 millones de dólares. La decisión final sobre la aprobación del acuerdo será tomada en una audiencia programada para el 11 de septiembre.

Por su parte, Courtenay Mencini, portavoz de Google, confirmó la realización del acuerdo, aunque subrayó que la empresa mantiene su postura en desacuerdo con las alegaciones de trato desigual. Mencini señaló el fuerte compromiso de Google en promover la igualdad en salarios, contrataciones y oportunidades de crecimiento laboral para todos sus colaboradores.

Este caso resalta las tensiones en torno a la equidad y diversidad en grandes corporaciones tecnológicas, áreas que han enfrentado crecientes señalamientos y movimientos legales en los últimos años. El acuerdo, sin embargo, se interpreta en este contexto como un paso hacia reconocer y abordar las quejas recibidas por los empleados.

El número de empleados incluidos en la clase afectada por el acuerdo, 6,632, cubre trabajadores contratados en un periodo de casi siete años, lo que refleja la magnitud y alcance del caso dentro de la empresa.