La administración liderada por Donald Trump ha abierto la puerta a los afrikáneres blancos de Sudáfrica bajo el programa "Misión Sudáfrica". Este esfuerzo contrasta notablemente con las restricciones impuestas a miles de refugiados de países como Afganistán, República Democrática del Congo y Siria, quienes ya tenían aprobado su ingreso antes de la llegada de Trump a la presidencia. Según informó The New York Times a través de documentos obtenidos, este programa específicamente prioriza a los agricultores afrikáneres blancos y establece diversas medidas para facilitar su ingreso a Estados Unidos.

En su primera fase, "Misión Sudáfrica" ha desplegado equipos en Pretoria, capital sudafricana, convirtiendo oficinas comerciales en centros de refugiados temporales. Aquí, se están evaluando 8,200 solicitudes, habiendo identificado ya a 100 afrikáneres como posibles beneficiarios del estatus de refugiados. Incluso, se ha garantizado la presencia de escoltas de seguridad para proteger a los funcionarios encargados de conducir entrevistas e implementar el programa. En un memorando enviado al Departamento de Estado desde la embajada en Pretoria, se detalla que, para mediados de abril, se presentarán planes que aseguren una implementación exitosa del programa.

El enfoque en este grupo específico genera un evidente contraste con la situación de otros 20,000 refugiados, cuya entrada al país fue congelada pese a tener aprobaciones previas. Esto sucedió tras la orden ejecutiva de Trump que suspendió la admisión de refugiados el día en que asumió su cargo. La justificación del gobierno fue la necesidad de preservar recursos para los ciudadanos estadounidenses y priorizar refugiados que pudieran integrarse "plenamente" en el país. A pesar de que tribunales han ordenado la admisión de aquellos refugiados aprobados antes de 2017, el gobierno asegura que carece de recursos suficientes para procesar sus casos.

El programa "Misión Sudáfrica" también influye en la política interna sudafricana, un país que aún lidia con las secuelas del régimen de apartheid. Algunos afrikáneres blancos han buscado posicionarse como víctimas de la Sudáfrica post-apartheid, alegando discriminación y violencia. Sin embargo, estadísticas oficiales señalan que, aunque han existido asesinatos de granjeros blancos, estos no son más vulnerables que otros sectores de la población a la delincuencia violenta. Cabe destacar que los blancos controlan el 50% de las tierras del país, aunque representan apenas un 7% de la población.

El pasado también revela tensiones globales sobre esta política. En años anteriores, Trump cuestionó públicamente una política sudafricana conocida como Ley de Expropiación, que permite la transferencia de tierras privadas en beneficio del interés público bajo revisión judicial, alimentando teorías infundadas sobre persecuciones masivas contra los blancos en Sudáfrica.

El Departamento de Estado ha defendido el programa, asegurando atender a afrikáneres sujetos a "discriminación racial injusta" y subrayando que los solicitantes deben pasar rigurosos controles de antecedentes. Sin embargo, esto ha despertado críticas de abogados y activistas, quienes acusan al gobierno de priorizar solicitudes acordes con preferencias ideológicas específicas. Melissa Keaney, abogada del Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados, reclamó que tal tratamiento demuestra que el gobierno "puede procesar solicitudes cuando desea", algo que contrasta con los reportados retrasos a refugiados previamente aprobados.

De igual forma, Vanessa Cárdenas, de la organización America's Voice, enfatizó las connotaciones raciales implícitas en esta política migratoria. Además, se han señalado críticas desde la propia comunidad afrikáner. Ernst Roets, exdirector de la Fundación Afrikaner, comentó que si bien algunos respaldan la opción de emigrar, una amplia mayoría desea quedarse en Sudáfrica y luchar por sus intereses desde el país.

Testimonios de otros refugiados también exponen la desigualdad percibida en esta política. Zumbe Baruti, un refugiado congoleño de 29 años residente en Carolina del Sur, señaló la discriminación que enfrentan grupos como el suyo. Baruti vivió décadas en un campo de refugiados antes de su admisión a Estados Unidos en 2023 y criticó el cambio de enfoque hacia los afrikáneres. Mientras tanto, su familia aún no obtiene la aprobación para unirse a él, alimentando una sensación de desolación respecto al futuro de su unidad familiar.

En paralelo, el Departamento de Justicia continúa enfrentando demandas judiciales relacionadas con la suspensión y retraso en la entrada de refugiados aprobados previos al mandato de Trump. Un reciente fallo de una corte de apelaciones establece que la administración debe admitir a estos refugiados, pero permite que detenga el ingreso de nuevos solicitantes mientras defiende su potestad para priorizar en "función de las prioridades de la administración".